Así lo resolvió el Juez Gustavo Bumaguin, tras la solicitud del abogado defensor, José María Silvela. Se trata de la detenida en un allanamiento en barrio Zazpe.

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ARCHIVO Foto: RN

Este martes por la tarde se llevó a cabo en Rafaela una audiencia cautelar donde dispusieron la libertad con medidas alternativas a Débora R. E., imputada por el delito de tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737. La audiencia se realizó en los Tribunales de Rafaela y fue presidida por el juez Gustavo Javier Bumaguin. La fiscal del caso fue Lorena Korakis, mientras que la defensa técnica estuvo a cargo del abogado José María Silvela.

La fiscal fundamentó su solicitud de prisión preventiva en base a una denuncia realizada por una mujer, quien manifestó que la pareja de la imputada la había amenazado con una escopeta y que en el domicilio existía un "búnker" donde se vendían estupefacientes. Los testimonios de la denunciante y otros testigos fueron acompañados por tareas de inteligencia de personal de microtráfico, que constataron movimientos compatibles con la comercialización de drogas, además del hallazgo de elementos como una escopeta, balanzas de precisión y envoltorios con restos de clorhidrato de cocaína. VER ADELANTO DE RAFAELA NOTICIAS.

La defensa, por su parte, solicitó la libertad o, en su defecto, la aplicación de medidas alternativas, argumentando que no existían riesgos procesales suficientes y destacando el arraigo de la imputada, madre de niños menores de edad, y su condición de jefa de hogar.

Finalmente, el juez Bumaguin resolvió otorgar la libertad, condicionada a estrictas reglas de conducta: fijar domicilio, firmar periódicamente en comisaría, designar un tutor, prohibición de salir de la provincia, no tener contacto con testigos ni comercializar estupefacientes, y someterse a controles sorpresivos. La medida fue dictada teniendo en cuenta la presencia de menores en el hogar y el principio de interés superior del niño.

La libertad quedó supeditada a la constitución formal del tutor designado, quien deberá firmar su compromiso ante la comisaría correspondiente.

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