Este viernes por la tarde, con RAFAELA NOTICIAS presente en la sala de audiencias, comparecieron ante el juez Carlos Bottero dos imputados acusados por la fiscal Lorena Korakis y defendidos por la abogada Victoria Romano. La suerte para ambos fue distinta, aunque tenían un punto en común: los dos son “reiterantes”, un término que se utiliza para quienes acumulan varias causas abiertas, aunque sin condena firme.
El primero fue Mauro Agustín Alvarenga, de 27 años, quien fue detenido el pasado 20 de abril luego de subir a los techos de la escuela Lisandro de la Torre, en barrio Italia, para ingresar al establecimiento y sustraer caños de cobre, cables y una canilla. El sistema de seguridad privada con el que cuenta la institución —recordemos que había sido blanco de varios hechos previos— detectó al individuo y dio aviso a la policía, que lo capturó pasada la medianoche en inmediaciones de Abele y G. López, a pocas cuadras del lugar.
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La fiscal Korakis calificó el hecho como robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, ya que no llegó a consumarse, y solicitó la prisión preventiva. Fundamentó su pedido en que, de recaer una condena, sería de cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta que el imputado cuenta con causas acumuladas desde 2023 por robos de vehículos en la vía pública, también en grado de tentativa. Además, remarcó que ya tenía medidas alternativas vigentes —entre ellas, la prohibición de cometer nuevos delitos— lo que evidencia, según su postura, un “desapego normativo”. A esto sumó la nocturnidad del hecho, los daños ocasionados y los riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga o de entorpecer la causa, por ejemplo, influyendo sobre testigos como la directora de la escuela.
La defensa intentó contrarrestar estos argumentos al sostener que no existen riesgos procesales concretos. Señaló que, pese a tener causas en trámite, el imputado siempre permaneció en la ciudad, y que no hay posibilidad de entorpecimiento, ya que los principales testigos son los efectivos policiales que intervinieron. “La investigación está agotada”, afirmó Romano. También intentó morigerar la calificación legal, al plantear que no hubo “fuerza” en los términos exigidos por la ley, buscando que el hecho sea encuadrado como hurto y no como robo. En ese marco, solicitó la libertad con medidas alternativas.
En la discusión técnica, el juez se inclinó por la postura fiscal: consideró que, si bien para retirar la canilla podría no haber mediado fuerza, sí la hubo en el caso de los cables. También valoró los daños causados y el hecho de que el blanco haya sido una institución educativa. Si bien no advirtió un riesgo concreto de fuga, sí consideró posible el entorpecimiento de la causa, por ejemplo mediante presiones a la directora. Por ello, resolvió dictar la prisión preventiva por 60 días, plazo que consideró suficiente para que la investigación avance hacia una acusación formal o eventualmente un acuerdo abreviado.
Se llevó una bolsa de cemento: un hecho "insignificante"
El segundo caso tuvo como imputado a Hugo Esteban Rolón, de 23 años, a quien la fiscal acusó de hurto en grado de tentativa por llevarse, el pasado 21 de abril, una bolsa de cemento de 25 kilos desde una obra en construcción ubicada en calle Woodgate al 2300. Fue interceptado por la policía en Chaco y Ciudad de Esperanza alrededor de las 13 horas, luego de ser seguido por cámaras del Centro de Monitoreo.
Korakis también solicitó la prisión preventiva en este caso, argumentando que, si bien se trata de un delito menor, el imputado tiene un historial de causas por robos y hurtos, incluso con una acusación formal en la que se solicita una pena de cinco años de prisión. Además, destacó que actualmente se encontraba bajo medidas alternativas, entre ellas la obligación de no cometer nuevos delitos.
Por su parte, la defensa cuestionó la validez del procedimiento, al señalar que no existían motivos suficientes para detener a Rolón en la vía pública. “Lo van a frenar aunque lleve un escarbadientes”, graficó Romano, al hablar de una supuesta “sobrevigilancia”. También remarcó que la bolsa de cemento fue recuperada y que la investigación ya está concluida, por lo que solicitó la libertad.
En este caso, el juez adoptó un criterio distinto. Si bien descartó tratar en esta etapa la validez de la detención, puso el foco en la escasa entidad del hecho, al señalar que no hubo violencia ni perjuicio para la víctima, ya que el elemento fue recuperado. Incluso lo calificó como un hecho “insignificante” para el aparato judicial. También tuvo en cuenta que, pese a contar con una acusación previa y haber cometido hechos más graves, el imputado se encontraba en libertad, por lo que resultaría contradictorio disponer su detención ahora por un hecho menor.
En consecuencia, Bottero resolvió dejar en libertad a Rolón, imponiéndole como única condición la fijación de un domicilio.
