En una audiencia realizada este jueves por la mañana en los Tribunales de Rafaela, el juez de la Investigación Penal Preparatoria Nicolás Stegmayer resolvió morigerar la prisión preventiva de una mujer acusada de dedicarse a la venta de estupefacientes, otorgándole el beneficio de la prisión domiciliaria.
La audiencia había sido solicitada por la defensa, a cargo de los abogados José María Silvela y Andrés Colón, mientras que el Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por el fiscal Juan Manuel Puig.
Durante su exposición, los defensores sostuvieron que la imputada atraviesa un deteriorado estado de salud, que requiere tratamiento médico continuo y medicación específica, condiciones que —según argumentaron— no podrían garantizarse adecuadamente en la Alcaidía local, donde se encontraba alojada de manera preventiva. En ese marco, solicitaron que la detención sea cumplida en su domicilio ubicado sobre calle 5 al 100, en la ciudad de Frontera.
Por su parte, el fiscal Puig pidió el rechazo del planteo, señalando que la defensa no aportó certificados médicos que acrediten la imposibilidad de recibir el tratamiento correspondiente en el lugar de detención actual. Además, remarcó que el domicilio propuesto para cumplir la prisión domiciliaria es uno de los lugares donde se habrían cometido los hechos investigados.
No obstante, el magistrado entendió que los argumentos defensivos debían tener mayor preponderancia y advirtió la falta de avances sustanciales en la investigación, por lo que resolvió hacer lugar al pedido de morigeración. Como medida de control, dispuso que la Comisaría de Frontera realice controles aleatorios en el domicilio para verificar el cumplimiento de la medida.
La causa
La mujer había sido detenida a mediados de diciembre pasado en la ciudad de Frontera, junto a un hombre de 34 años, en el marco de una causa por venta de drogas. La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.
A partir de esas tareas, se concretaron allanamientos en domicilios ubicados en calle 5 entre 52 y 54, calle 5 al 100 y calle 54 al 100, ordenados por el juez Javier Bottero a pedido de la fiscal Analía Abreu, con intervención de grupos de irrupción de Sunchales, Esperanza y Coronda.
Como resultado de los procedimientos, se secuestraron 237 gramos de marihuana, cocaína, envoltorios de nylon utilizados para el fraccionamiento, una balanza de precisión, elementos para consumo y fraccionamiento, una importante suma de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, y once teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.
