En una audiencia judicial realizada este viernes en la Oficina de Gestión de Judicial (OGJ) de Rafaela, el juez Dr Gustavo Javier Bumaguín autorizó salidas laborales para Claudia Ludmila C., quien se encuentra bajo prisión preventiva domiciliaria acusada de comercialización de estupefacientes, en una causa en la que se encuentra en la carcel Gastón "Perrito" Farías. La medida permitirá a la imputada trabajar para sustentar a sus hijos menores.
El fiscal Dr. Guillermo Nicolás Loyola representó al Ministerio Público de la Acusación, mientras que la defensa de Campo fue ejercida por el abogado Dr. Carlos Luis Farías Demalde.
La situación de la imputada
La mujer, madre de dos niñas menores de edad, cumple prisión preventiva en modalidad domiciliaria desde el 2 de marzo. Esta medida fue adoptada inicialmente por el juez debido a la situación de lactancia de una de sus hijas y a la designación de la madre de la acusada como tutora responsable. Sin embargo, la situación económica de la familia se agravó, ya que tanto la imputada como el padre de las niñas, "Perrito" Farías, se encuentran detenidos, lo que les impide generar ingresos.
La defensa subrayó que la mujer tenía un empleo formal antes de ser detenida, trabajando en una cooperativa de Rafaela. Para respaldar esta afirmación, presentó un certificado de trabajo y comprobantes de haberes. El empleo, que consiste en un horario de lunes a viernes de 6:00 a 10:00, sería retomado bajo la supervisión de la tutora, quien se encargaría de acompañarla en los traslados hacia y desde el lugar de trabajo.
Argumentos de la defensa
El abogado defensor fundamentó su solicitud en dos principios clave: el derecho constitucional al trabajo, protegido por tratados internacionales, y el interés superior de las niñas, principio reconocido en fallos previos del magistrado. Además, destacó la importancia de aplicar una perspectiva de género en este caso, señalando que el sistema judicial debe tener en cuenta las condiciones de vulnerabilidad social y económica de las mujeres imputadas, como ha ocurrido en otros tribunales de la provincia y la nación en situaciones similares. La defensa citó jurisprudencia de casos previos en los que se concedieron permisos laborales en circunstancias más graves.
Asimismo, la defensa resaltó que la acusada ha cumplido estrictamente con las medidas impuestas desde que se le otorgó la prisión domiciliaria. Mencionaron que recientemente se le autorizó a gestionar la Asignación Universal por Hijo, trámite realizado sin inconvenientes bajo la supervisión de su tutora. En este contexto, destacaron que el delito imputado a la mujer es contra la salud pública, por lo que no hay víctimas directas que puedan verse afectadas por la eventual autorización laboral.
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La postura del fiscal
El fiscal Loyola se opuso a la solicitud, argumentando que las salidas laborales podrían generar riesgos procesales, dado que en el domicilio de la acusada se encontraron 250 gramos de cocaína y existen menores involucrados en el caso.
La resolución del juez
A pesar de las objeciones de la fiscalía, el juez Bumaguin consideró atendible la solicitud de la defensa. Resaltó que la imputada cumplió con las medidas previas y no se ha demostrado riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Además, el juez tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la familia, que depende de la ayuda de vecinos para acceder a alimentos básicos.
Por lo tanto, el magistrado dispuso que la mujer pueda salir de su domicilio de lunes a viernes, de 6:00 a 10:00, para trabajar, acompañada por su madre, quien también deberá actuar como guardadora durante el tiempo que dure la actividad laboral. Además, se ordenó que se acredite el horario y lugar de trabajo previamente, con la posibilidad de supervisión por parte de las autoridades judiciales.
La resolución fue notificada a las partes, y el juez dejó abierta la posibilidad de que la fiscalía apelen la medida. La audiencia concluyó sin mayores incidentes.
