Mientras la causa penal por presunta estafa contra la firma Márquez y Asociados avanza en Córdoba, una nueva estrategia legal intenta abrir un camino alternativo para no dejar sin respuestas a miles de damnificados. Esta semana, el abogado Augusto Filí presentó una medida cautelar ante la Justicia civil, con el objetivo de evitar que el patrimonio de la empresa desaparezca y quede sin resguardo.
Se trata de una herramienta prevista en el nuevo Código Civil y Comercial llamada “acción preventiva”, que busca anticiparse a un posible colapso económico y legal del grupo empresarial, proponiendo una gestión controlada de los activos. La idea es conformar un comité interdisciplinario integrado por representantes del Estado, del Poder Judicial, especialistas y actores del sector inmobiliario, para evaluar la viabilidad de una reactivación supervisada.
“Si no protegés el patrimonio y el funcionamiento de la empresa, no habrá nada para resarcir a las víctimas después”, argumentó Filí en declaraciones radiales. Actualmente, la Fiscalía de Delitos Complejos de Córdoba recibe hasta 150 denuncias por día, y el sistema penal se encuentra al borde del colapso.
La iniciativa civil se presenta como un intento de equilibrio entre la necesidad de investigar y sancionar penalmente a los responsables, y la urgencia de garantizar que las más de 27.000 familias afectadas no queden desamparadas. Hasta ahora, se calcula que solo se entregaron 2.500 viviendas de las 30.000 prometidas por Márquez y Asociados. Muchos damnificados aseguran haber invertido hasta 55 mil dólares, sin obtener ni la vivienda ni una devolución.
La medida propone realizar inventarios periciales, articular con empresas del sector que puedan aportar recursos y explorar mecanismos de gestión que eviten la quiebra desordenada. Si el tribunal acepta el planteo, podría sentar precedente para abordar otros fraudes de gran escala desde una perspectiva más integral.
El desafío, sin embargo, no es menor: la empresa tiene una estructura comprometida judicialmente, deudas millonarias y una imagen pública devastada. Los hermanos Matías, Pablo y Ariel Márquez, principales directivos de la firma, fueron detenidos en abril, imputados por asociación ilícita y estafa agravada.
Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal mantiene abierto el canal de recepción de denuncias a través de un formulario digital. Y para miles de familias, cualquier esperanza de justicia parece aferrarse, por ahora, a una carrera contra el tiempo.
