Este viernes por la mañana se realizó una audiencia imputativa en los Tribunales de Rafaela, donde se investigan dos hechos atribuidos a Brandon Moruzze, acusado de delitos contra la propiedad. La audiencia estuvo a cargo del juez Javier Bottero, con la fiscal Lorena Korakis y la defensa pública representada por el abogado Bruno Rossini.
Dos hechos en pocos días: del bolso a la bicicleta
Según detalló la Fiscalía, el primer hecho ocurrió el 6 de marzo, cuando el imputado habría sustraído una bolsa de tela blanca desde la baulera de una motocicleta estacionada en una vivienda de calle Necochea al 800. Fue aprehendido minutos después en la vía pública con el elemento en su poder.
El segundo episodio se registró el 16 de marzo, cuando Moruzze intentó llevarse una bicicleta que se encontraba sin medidas de seguridad en la vereda, en la zona de Aristóbulo del Valle. En este caso, no logró concretar el robo ya que fue interceptado por personal de la Guardia Urbana y luego detenido por la policía.
La Fiscalía calificó los hechos como hurto consumado y hurto en grado de tentativa, en concurso real.
Reiterancia, condena previa y “riesgos procesales”
La fiscal Lorena Korakis solicitó la prisión preventiva, sosteniendo que existen elementos suficientes para acreditar tanto la materialidad de los hechos como la autoría del imputado, en base a actas policiales, testimonios y registros fílmicos. Remarcó especialmente los antecedentes del imputado, indicando que fue condenado el 20 de noviembre de 2024 a un año y seis meses de prisión condicional por hurtos reiterados en San Jorge.
Además, detalló que durante 2025 se le imputaron nuevos hechos —hurto simple, tentativa y amenazas— por los cuales había accedido a medidas alternativas, con reglas de conducta que, según sostuvo, incumplió. En ese marco, la fiscal planteó una reiteración delictiva en corto plazo, incluso con hechos en flagrancia, lo que —a su entender— demuestra un riesgo concreto de volver a delinquir.
También advirtió sobre la falta de arraigo, inconsistencias en los domicilios declarados y la posibilidad de fuga ante una eventual condena de cumplimiento efectivo. A esto sumó un posible riesgo de entorpecimiento, al considerar que el imputado conoce testigos y escenarios.
“Es una bolsa de supermercado”: la discusión por la lesividad
El defensor Bruno Rossini rechazó el pedido de prisión preventiva y apuntó directamente a la escasa gravedad de los hechos.
Sobre el primer episodio, insistió en que se trata de “una bolsa de supermercado”, planteando que no existe una afectación relevante al bien jurídico que justifique una respuesta penal de mayor intensidad. En cuanto al segundo hecho, subrayó que fue un hurto en grado de tentativa y que la bicicleta fue recuperada casi de inmediato, sin daño.
Rossini sostuvo que el sistema penal debe priorizar salidas alternativas y evitar respuestas desproporcionadas, especialmente en casos de baja lesividad. También descartó riesgos procesales, señalando que la causa se apoya en pruebas objetivas —principalmente policiales— y que el imputado no ha tenido conductas violentas ni intentos de amedrentamiento.
Por último, puso el foco en la situación de vulnerabilidad de Moruzze, quien atravesó períodos en situación de calle, advirtiendo que la prisión preventiva no puede utilizarse como respuesta a problemáticas sociales.
“Salió más caro mantenerlo detenido que la bolsa”
Al momento de resolver, el juez Javier Bottero fue contundente y cuestionó la política persecución criminal del Ministerio Público de la Acusación.
“Ningún fiscal de Rafaela llevaría a juicio a alguien por robarse una bolsa de supermercado”, afirmó. Y fue más allá: “Salió más caro darle de comer los cuatro días que estuvo detenido que lo que cuesta la bolsa”. Con ese argumento, el magistrado descartó directamente el primer hecho por su escasa relevancia penal.
Respecto del segundo, reconoció que se trata de un hurto en grado de tentativa y que el imputado podría ser condenado en un futuro juicio. Sin embargo, rechazó los riesgos procesales planteados: “De hecho, usted está acá”, dijo al descartar peligro de fuga. También señaló que no hay posibilidad de entorpecimiento, ya que se trató de un hecho en flagrancia con pruebas ya recolectadas.
Finalmente, resolvió otorgar la libertad con medidas alternativas, como fijar domicilio y firmar semanalmente en Jefatura. Antes de cerrar la audiencia, dejó una advertencia: si el imputado continúa con esta conducta reiterante, su situación podría agravarse y derivar en una futura prisión preventiva.
