Dos audiencias públicas en las que se defieron juicios de procedimientos abreviados finalizaron con sendas condenas a prisión de cumplimiento efectivo para los imputados en las investigaciones judiciales correspondientes.
En el primer caso, el juez Nicolás Stegmayer homologó una sentencia a cinco años de prisión contra Luis Moya, en una causa por delitos contra la propiedad, robo calificado por ser cometido en lugar poblado y en banda y uso de arma de fuego. El fiscal Juan Manuel Puig y el abogado defensor Bruno Rossini acordaron la pena, luego que el imputado admitiera su responsabilidad en los hechos.
En tanto, la fiscal Lorena Korakis y el abogado defensor Federico Scarinci, en representación de Brian Damián Toledo, formalizaron el trámite que fue homologado por el juez de Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Bottero. A Toledo -quien compareció vía zoom desde la cárcel- se lo encontró culpable de un robo calificado por uso de arma de fuego, habiendo actuado con un cómplice -que en su momento también fue condenado a cinco años de prisión- se le aplicó una sentencia de cumplimiento efectivo de cinco años y seis meses, en razón de antecedentes condenatorios que ya tenía.
Medidas alternativas
En tanto, en el marco de una maratónica jornada de audiencias que coincidió con el cierre de la actividad del fuero penal en este año 2025, el juez penal Gustavo Javier Bumaguin resolvió este martes mantener la prisión preventiva de Pablo Daniel Monzón y otorgar la libertad bajo medidas alternativas a Florencia Belén Leguizamón, en el marco de una causa por amenazas simples y coacciones calificadas por el uso de armas.
La decisión fue adoptada luego de una audiencia de revisión de prisión preventiva realizada en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGJ) del Distrito Judicial Nº 5 de Rafaela, con intervención del fiscal Adrián Darío Soria y los defensores José María Silvela y Andrés Colón.
Durante la audiencia, la defensa solicitó la morigeración de las medidas cautelares al considerar que no se encontraban vigentes los riesgos procesales, mientras que la Fiscalía se opuso y pidió la prórroga de la prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos, la expectativa de pena y la situación de las víctimas y testigos. El hecho investigado ocurrió a mediados de septiembre último, en un episodio que fue informado por RAFAELA NOTICIAS.
Al resolver, el magistrado entendió que subsisten los riesgos procesales en el caso de Monzón, particularmente por su mayor grado de intervención en los hechos y la atribución del uso de un arma de fuego, por lo que dispuso mantener su prisión preventiva por el plazo legal. En cambio, consideró que respecto de Leguizamón dichos riesgos podían ser neutralizados mediante medidas alternativas.
En consecuencia, se ordenó la libertad de Leguizamón bajo condiciones, entre ellas la fijación de domicilio en la ciudad de Rafaela, la sujeción al cuidado de su progenitor, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad policial, la prohibición de salir de la provincia de Santa Fe, de cometer nuevos delitos y de incumplir las citaciones judiciales, además de asistir a una entrevista pendiente con el médico forense.
