Un hombre quedó detenido y una mujer con domiciliaria tras una audiencia que se realizó el viernes pasado.

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José María Silvela fue el abogado defensor Foto: RN

En una audiencia realizada el pasado viernes 10 de abril en los Tribunales de Rafaela, el juez penal Gustavo Bumaguin dispuso la prisión preventiva para un hombre y la prisión domiciliaria para una mujer en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La audiencia tuvo como imputados a Darío Uran y Daiana Ramírez, quienes fueron acusados por la fiscal Analía Abreu, en tanto que la defensa fue ejercida por el Dr. José María Silvela.

Según se expuso durante la imputación, la investigación se originó a partir de tareas de campo realizadas en una vivienda, donde se detectaron movimientos compatibles con la comercialización de drogas. A partir de estos indicios, se ordenó un allanamiento en el domicilio, donde se secuestraron elementos vinculados a la causa, entre ellos material estupefaciente fraccionado, dinero en efectivo y otros objetos de interés para la investigación.

 

La fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos imputados, argumentando la existencia de riesgos procesales, entre ellos peligro de fuga y de entorpecimiento probatorio. En el caso de Ramírez, además, se señaló que cuenta con una condena previa por un delito de la misma índole en la provincia de Córdoba, lo que podría agravar su situación ante una eventual condena.

Por su parte, la defensa se opuso al pedido de la fiscalía. Cuestionó la calificación legal y sostuvo que no se acreditó de manera suficiente la finalidad de comercialización. También argumentó que el dinero secuestrado correspondería a actividades laborales informales y que no existen víctimas directas en este tipo de delitos. En el caso de la imputada, se destacó además su situación familiar, con cinco hijos menores de edad.

 

Tras escuchar a las partes, el juez Bumaguin consideró que existen elementos suficientes para sostener la imputación y que los riesgos procesales se encuentran acreditados. En ese sentido, valoró el hallazgo de estupefacientes fraccionados, la cantidad de dinero secuestrado y los testimonios incorporados a la causa.

Finalmente, el magistrado resolvió dictar la prisión preventiva, pero por el plazo de 90 días para el hombre; en tanto que para la mujer dispuso que el encierro sea morigerado con su cumplimiento domiciliario, el cual se llevará a cabo en un domicilio de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.

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