Será en la provincia de Córdoba donde enfrentará su tercer proceso. Está acusado de organizar una estructura dedicada al tráfico de cocaína y marihuana entre Santa Fe y Córdoba.

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Foto: Archivo RN

Evelio “Yiyo” Ramallo, de 39 años, volverá a sentarse frente a un tribunal el próximo 18 de febrero, acusado de liderar y financiar una organización delictiva dedicada al narcotráfico en el límite entre Córdoba y Santa Fe. El debate oral se realizará ante el Tribunal Oral Federal N° 2 y contará con más de una veintena de imputados que integraban la estructura, la cual, según la investigación, operaba bajo sus órdenes incluso mientras él permanecía detenido.

Con un extenso prontuario, Ramallo ya registra cuatro condenas y afrontará ahora su quinto juicio, el tercero en territorio cordobés. Para la fiscalía, era el “organizador y financista” de una red que manejaba todas las etapas del negocio: desde la obtención y traslado de la droga, hasta el almacenamiento, fraccionamiento y venta minorista en distintas ciudades de la región.

 

La acusación sostiene que la organización traficaba cocaína y marihuana que llegaban desde el norte del país y eran distribuidas principalmente desde Rafaela, con ramificaciones hacia localidades cordobesas como San Francisco, Morteros y Brinkmann, además de Frontera.

Uno de los puntos clave de la pesquisa se remonta a fines de 2021, cuando fue detenida una mujer que transportaba más de dos kilos de cocaína en un colectivo. A partir del análisis de su teléfono, los investigadores detectaron un contacto que los condujo hasta Ramallo, lo que permitió reconstruir el entramado de la banda.

 

Pese a encontrarse tras las rejas, primero en cárceles del Chaco y luego en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, el acusado habría continuado coordinando operaciones y manteniendo el control de la estructura mediante comunicaciones y terceros.

Además del tráfico de estupefacientes, a varios de los imputados también se les atribuyen delitos vinculados a la tenencia de armas. El proceso buscará determinar el grado de participación de cada integrante en una causa que expone el funcionamiento de una organización que, según la Justicia, logró sostenerse y operar a distancia durante años.

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