Los concejales Juan Scavino y Carla Boidi, del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, presentaron un proyecto de ordenanza en el Concejo Municipal de Rafaela que propone establecer la obligatoriedad de requerir y registrar el Documento Nacional de Identidad (DNI), o documento equivalente válido, a todas las personas que se alojen en establecimientos habilitados de la ciudad.
La iniciativa alcanza a hoteles, apart hoteles, hosteles, pensiones, residenciales y también a los alquileres temporarios. Según el texto ingresado este 7 de abril, el objetivo es fortalecer las políticas de prevención del delito mediante un mayor control sobre la permanencia transitoria de personas en la ciudad.
En los fundamentos del proyecto, los ediles sostienen que en los últimos años se ha detectado la participación de personas no residentes en distintos hechos delictivos, por lo que consideran necesario dotar al Estado local de herramientas que permitan mejorar la trazabilidad de quienes ingresan y permanecen en Rafaela. En ese sentido, remarcan que los establecimientos de alojamiento funcionan como puntos de ingreso de personas foráneas.
¿Qué datos deberán registrarse?
La ordenanza establece que los alojamientos deberán confeccionar un registro con información mínima de cada huésped, incluyendo nombre y apellido, número de DNI o pasaporte, nacionalidad, domicilio de origen, fecha de ingreso y egreso, y datos de los acompañantes .
Además, esa información deberá conservarse por un plazo mínimo de 12 meses y estar disponible para las autoridades competentes en caso de ser requerida en el marco de investigaciones o acciones preventivas.
El proyecto también prevé que los datos recabados deberán resguardarse conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, limitando su uso exclusivamente a fines de seguridad y control.
Sanciones y aplicación
En cuanto a la implementación, se establece que la autoridad de aplicación será el Departamento Ejecutivo Municipal, que podrá articular acciones con fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.
El incumplimiento de la normativa podrá derivar en sanciones que van desde apercibimientos y multas hasta la clausura del establecimiento, dependiendo de la gravedad del caso y la reiterancia. También se contemplan penalidades específicas para la omisión o falseamiento de datos.
Finalmente, el proyecto fija un plazo de hasta 60 días para que el Ejecutivo reglamente la ordenanza, en caso de ser aprobada por el Concejo Municipal.
