El Concejo Municipal de Rafaela abrió este viernes la discusión del proyecto de ordenanza tributaria 2026, la norma que definirá la carga fiscal de vecinos, comercios e industrias durante el próximo año. La presentación contó con la participación de funcionarios del Ejecutivo, concejales en funciones y los ediles electos que asumirán en diciembre, en una instancia que se anticipa tensa.
Aunque aún restan conocerse los datos económicos de octubre, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, adelantó que la actualización de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) podría superar el 10%. Si bien ese porcentaje determinará buena parte del impacto en tasas y derechos municipales, la oposición advierte que los cambios en la estructura tributaria implicarán subas mayores para determinados contribuyentes.
Entre los lineamientos presentados, el Ejecutivo destacó la modificación del sistema de facilidades de pago: los convenios que hoy reconocen una quita del 20% pasarían a ofrecer un descuento del 50%, con el objetivo de incentivar la regularización de deudas y mejorar la cobrabilidad. A la vez, se plantean ajustes en las alícuotas aplicadas a entidades financieras y en las tasas vinculadas con permisos de edificación. A esto se suma la incorporación de las Áreas de Desarrollo Prioritario, una herramienta pensada para intervenir en lo que el municipio denomina “huecos urbanos”, grandes extensiones con escaso grado de urbanización que dificultan el crecimiento ordenado de la ciudad.
Mientras tanto, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) reforzó su postura histórica: pidió revisar el sistema tributario local para hacerlo más justo, eficiente y orientado al desarrollo productivo. En una declaración reciente, el Foro de Presidentes de la entidad afirmó que el Derecho de Registro e Inspección (DReI) funciona hoy como un impuesto a la actividad económica, excediendo las competencias municipales, y que debería limitarse a cubrir los costos reales de registro y control. El documento también plantea la necesidad de transformar el presupuesto municipal en una herramienta de gestión estratégica, evaluando la pertinencia e impacto de los programas mediante criterios más transparentes y eficientes. Para el CCIRR, integrar este proceso a la agenda *Rafaela 2031* representa una oportunidad clave.
En paralelo, el bloque de concejales del PJ anticipó su rechazo a varios puntos del esquema propuesto. Señaló que, pese a que el intendente Leonardo Viotti había prometido una reforma integral del sistema tributario, el proyecto presentado es prácticamente idéntico al vigente y solo incorpora modificaciones menores. Denunciaron, además, que el texto envía aumentos significativos a sectores como los monotributistas bajo régimen simplificado debido al cambio en escalas y agrupamientos. También cuestionaron la insistencia en duplicar mínimos para entidades mutuales y financieras, tema que ya derivó en un amparo judicial el año pasado. “Por tercer año consecutivo, lo único que se propone es aumentar la presión impositiva”, sintetizó el concejal Juan Senn.
Con estos posicionamientos en la mesa, el tratamiento de la tributaria se perfila como una discusión técnica pero también altamente política. La simultaneidad con el debate del Presupuesto 2026 tensionará aún más las negociaciones entre el oficialismo, la oposición y los actores económicos locales.
