En la última sesión ordinaria del Concejo Municipal de Rafaela, la aprobación de una resolución para solicitar la finalización de 28 viviendas del programa “Casa Propia” en barrio 2 de Abril derivó en un fuerte cruce político entre los distintos bloques. El eje del debate quedó atravesado por cuestionamientos sobre responsabilidades en la paralización de la obra y el rol del cuerpo legislativo frente a las demandas locales.
El proyecto, impulsado por el bloque del PJ, apunta a reclamar formalmente a las autoridades provinciales la reactivación de las viviendas, que presentan un avance superior al 25% pero permanecen sin continuidad. En ese marco, la concejala María Paz Caruso planteó la necesidad de visibilizar la situación y gestionar activamente para su resolución.
“Cuando entendamos que acá estamos para defender a los rafaelinos, va a cambiar la forma de trabajar de este Concejo, que ahora solamente confrontamos”, sostuvo Caruso durante su intervención, en un intento por reorientar el debate hacia el impacto local del problema habitacional.
Desde el PJ, se insistió en que el acceso a la vivienda es una de las principales problemáticas de la ciudad y que resulta necesario avanzar en gestiones concretas para reactivar proyectos inconclusos. En ese sentido, Caruso remarcó que existen antecedentes cercanos, como en Casilda y María Juana, donde obras similares fueron retomadas.
Además, cuestionó la falta de información oficial sobre el estado de las gestiones y planteó la necesidad de formalizar los reclamos a través de herramientas institucionales. “Las gestiones se tienen que reflejar en trámites administrativos también”, afirmó, al tiempo que adelantó que buscarán plantear el tema directamente ante funcionarios provinciales en futuras visitas a la ciudad.
La concejal también advirtió sobre los riesgos de deterioro de las viviendas inconclusas, como posibles usurpaciones o robos de materiales (algo que ya ocurrió varias veces), y subrayó la importancia de garantizar el mantenimiento mientras se define su continuidad.
El acompañamiento al proyecto por parte de otros bloques no evitó que el debate se cargara de cuestionamientos políticos. Desde La Libertad Avanza, el concejal Fabricio Dellasanta apoyó la iniciativa pero apuntó contra gestiones anteriores por la paralización de la obra.
Durante su intervención, recordó que el proyecto fue licitado en 2021 y debía finalizarse en 2023, atribuyendo la falta de avances a responsabilidades de administraciones previas. En la misma línea, la concejal Milagros Zafra también acompañó la resolución, aunque vinculó la situación con cuestionamientos a la obra pública en gestiones anteriores.
Las exposiciones derivaron en un intercambio con el bloque justicialista, que buscó centrar la discusión en la necesidad actual de resolver el problema, más allá de las responsabilidades históricas. En ese marco, Caruso respondió que el objetivo de la resolución no es asignar culpas, sino impulsar acciones concretas para finalizar las viviendas.
“¿Qué hacemos con las obras que están frenadas? ¿No las reclamamos?”, planteó, insistiendo en que el Concejo debe priorizar las demandas locales por sobre la confrontación política.
Más allá de las diferencias expresadas durante el debate, la resolución fue finalmente aprobada junto a otras iniciativas tratadas en la sesión. El proyecto establece el envío formal del pedido a las autoridades provinciales para que informen sobre el estado de la obra y evalúen su reactivación.
