La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso, generó una inmediata reacción en distintas ciudades del país. Rafaela no fue la excepción. La convocatoria se concentró este martes en la Plaza 25 de Mayo, donde trabajadores del sector, familiares, representantes de instituciones y concejales expresaron su preocupación ante un escenario que califican como crítico.
Entre los asistentes estuvieron Gabriela Clausi, coordinadora de la institución Kairós, y Marcelo Roca, kinesiólogo del Centro de Rehabilitación El Árbol, quienes coincidieron en remarcar el impacto profundo y silencioso que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad. Ambos profesionales participaron activamente de la manifestación para visibilizar una problemática que, según relataron, viene profundizándose desde hace meses, pero que con este veto podría alcanzar niveles alarmantes.
El reclamo no se limita a una cuestión salarial o de pagos atrasados, aunque este aspecto también resulta central: los prestadores llevan más de nueve meses sin actualizaciones en los valores de las prestaciones y los pagos se realizan con demoras de hasta 120 días. Sin embargo, lo que más inquieta a quienes trabajan en el área es lo que implica el veto en términos de derechos: al dejar sin efecto la Ley de Emergencia, muchas personas con certificado de discapacidad podrían perder el acceso a tratamientos, medicamentos e insumos fundamentales para su vida cotidiana.
“La situación actual es caótica. Este veto no solo nos afecta como prestadores, sino que implica una pérdida concreta de derechos para las personas con discapacidad”, advirtió Gabriela Clausi, visiblemente preocupada por el rumbo de las políticas públicas.
Desde las instituciones alertan sobre recortes en la cantidad de prestaciones y dificultades crecientes para garantizar la entrega de elementos básicos como sillas de ruedas, férulas o medicación específica. En algunos casos, los tratamientos interrumpidos pueden derivar en consecuencias graves para la salud de los pacientes, como por ejemplo crisis epilépticas en niños que requieren una medicación constante. “Hay chicos que necesitan medicación todos los días. Si no llega a tiempo, el riesgo es altísimo”, detalló Marcelo Roca.
La falta de respuesta del Estado pone además en jaque la sustentabilidad de los centros de rehabilitación, que se ven obligados a replantearse su funcionamiento. Muchos profesionales aseguran que, en las condiciones actuales, están cubriendo con su propio esfuerzo lo que el sistema no garantiza. El valor que perciben por sesión equivale al costo exacto de una hora de trabajo, lo que hace inviable sostener la atención a largo plazo. “Hoy estamos haciendo malabares para no cerrar nuestras puertas. Pero muchos ya están considerando no aceptar más pacientes con discapacidad porque simplemente no se puede sostener”, confesó Roca.
Los manifestantes pidieron no solo una revisión urgente de las políticas implementadas, sino también un cambio de mirada: reclaman mayor empatía del Estado y de la sociedad. Entienden que el objetivo del déficit cero no puede lograrse a costa de los sectores más vulnerables, y que se necesita una reestructuración profunda en el sistema de atención, que contemple mejoras en los honorarios, tiempos de pago razonables y una cobertura efectiva de las necesidades reales de las personas con discapacidad.
“Estoy de acuerdo con el déficit cero, pero no a costa de quienes más lo necesitan. No podemos permitir que se sigan vulnerando sus derechos en nombre de una economía ordenada”, reflexionó Clausi, poniendo en palabras una de las preocupaciones compartidas por gran parte del sector.
Con pancartas, aplausos y palabras sentidas, la movilización en la Plaza 25 de Mayo dejó en claro que el reclamo no es corporativo, sino humano. Se trata del derecho a una vida digna para miles de personas que hoy sienten que el sistema les da la espalda.
