En el mapa social y delictivo de Rafaela, una palabra comenzó a instalarse con fuerza en el último tiempo: “pipero”. El término, de uso coloquial, aparece cada vez con mayor frecuencia en informes policiales, audiencias judiciales y discursos políticos para describir a personas que consumen estupefacientes mediante pipas de fabricación casera, generalmente asociadas al consumo de lo que sobra de la cocaína. Se trata de un perfil que, según coinciden fuentes judiciales y de seguridad consultados por Rafaela Noticias, ocupa el eslabón más vulnerable dentro de la cadena del delito. En muchos casos, estas personas se encuentran atravesadas por situaciones de exclusión social, consumo problemático y condiciones de extrema precariedad. El consumo se realiza a través de pipas caseras: un trozo de caño de aluminio, un bombilla de mate cortada o casi cualquiero cosa que esté a mano. Estos restos, visibles en distintos puntos de la ciudad si se quiere mirar, se convierten en evidencia concreta de una problemática que crece cada día más en Rafaela. La expansión del término está directamente vinculada al aumento del consumo de crack, una sustancia derivada del residuo de la cocaína, mezclada con productos químicos que permiten su combustión y aspiración diirecta. Su principal característica es la intensidad y brevedad de sus efectos, lo que genera una alta dependencia y la necesidad de consumo reiterado en lapsos cortos. En términos económicos, se trata de una droga de bajo costo en comparación con la cocaína tradicional, lo que facilita su acceso en contextos de vulnerabilidad. Esto, sumado a su alto poder adictivo, configura un escenario complejo desde el punto de vista sanitario y social. A modo de ejemplo, una dosis de Crack puede conseguirse hoy en la ciudad entre entre 3 y 5 mil pesos, mientras que el gramo de cocaína esta en la calle aproximadamente unos $ 20.000 (y mas dependiendo de la calidad). Dentro de los reportes policiales, el “pipero” suele aparecer en dos roles: como víctima de un contexto de exclusión o como autor de delitos menores contra la propiedad, como hurtos o arrebatos, generalmente motivados por la necesidad de obtener dinero inmediato para sostener el consumo. La presencia de estas personas en zonas comerciales o de alto tránsito genera preocupación entre vecinos y comerciantes. La dinámica del consumo —que exige dosis frecuentes— deriva en una circulación constante por el espacio público en busca de recursos, lo que incrementa la percepción de inseguridad en distintos sectores de la ciudad. A su vez, fuentes consultadas indican que muchas personas en situación de calle presentan consumo problemático de este tipo de sustancias, con episodios de alta excitación seguidos por períodos prolongados de somnolencia o desconexión. De ahí la enorme cantidad de personas (mayormente hombres) que aparecen durmiendo en plazas y en los palliers de cass y comercios. O en espacios usurpados como ocurrió con el edificio de Avda Mitre al 500 o en cuando armaron una “ranchada” en los Ex Almacenes Ripamontti.
Un problema de salud pública atravesado por el delito
Desde organismos de seguridad y salud, el fenómeno es abordado como una problemática compleja que combina consumo problemático con dinámicas delictivas. En ese marco, advierten que estas personas suelen ser captadas por organizaciones vinculadas al narcomenudeo para cumplir funciones de baja escala, como vigilancia o traslado de elementos, a cambio de droga. Esta situación refuerza su condición de vulnerabilidad y los ubica en un circuito difícil de romper, donde el consumo, la exclusión y el delito se retroalimentan.
