En el marco de un encuentro con concejales en el Concejo Municipal, choferes de aplicaciones como Didi y Uber expusieron su postura frente a la ordenanza vigente y plantearon una propuesta concreta para regular la actividad sin equipararla al sistema de taxis y remises. El eje central del planteo apunta a la creación de un registro local de conductores, en el que puedan inscribirse presentando la documentación que ya les exigen las propias plataformas. Según explicaron, el objetivo es que el Municipio controle a los choferes, pero sin imponer requisitos que consideran ajenos a la naturaleza del servicio. En ese sentido, remarcaron que no corresponde exigir licencia profesional, ya que —argumentaron— se trata de la conducción de vehículos particulares y no de unidades de gran porte o transporte masivo. “No tiene sentido pedir una licencia profesional para trasladar a una persona en un auto particular”, señalaron durante la entrevista. Otro de los puntos centrales es el tema de los seguros. Los conductores indicaron que cuentan con seguros comunes y que, además, las plataformas ofrecen coberturas adicionales para los pasajeros. También cuestionaron la exigencia de seguros específicos para transporte de personas, asegurando que en la ciudad no existen opciones accesibles y que muchas de las alternativas disponibles generan desconfianza. Respecto a las plataformas, fueron tajantes: no consideran viable exigir que Didi o Uber se registren en Rafaela, al tratarse de empresas de alcance global. En cambio, proponen que el control recaiga exclusivamente sobre los conductores locales, quienes —afirman— ya cumplen con requisitos como antecedentes penales, documentación personal y validaciones dentro de las aplicaciones. “No estamos en contra de la regulación, pero no somos ilegales”, resumieron, insistiendo en que su actividad está encuadrada como trabajo independiente y que muchos de ellos son monotributistas que ya tributan.
Reclamos por controles, multas y condiciones de trabajo
Más allá de la propuesta, los choferes manifestaron su preocupación por lo que consideran una persecución a partir de la ordenanza vigente. Denunciaron controles municipales y la aplicación de multas elevadas, que en algunos casos rondan cifras cercanas al millón de pesos. Uno de los conductores relató haber sido sancionado con una multa de 800 mil pesos por descender un pasajero en la terminal, pese a que —según indicó— el propio inspector le reconoció que su argumento era válido. También sostuvieron que la normativa actual no contempla las particularidades del sistema de plataformas, donde los viajes se encadenan automáticamente y permiten mayor eficiencia en tiempos y recorridos, en comparación con el esquema tradicional.
Impacto económico y rol social del servicio
Durante el encuentro, los trabajadores destacaron que la actividad no solo les permite sostenerse económicamente, sino que también genera movimiento en la economía local, a través del consumo de combustible, repuestos, mantenimiento y otros servicios. Además, subrayaron que el sistema amplía el acceso al transporte, especialmente para sectores de menores recursos. “Hay gente que hoy puede moverse o mandar a sus hijos a la escuela en un día de lluvia, algo que antes no podía pagar”, afirmaron. En cuanto al costo de los viajes, aclararon que no depende de los conductores, sino de las aplicaciones, aunque reconocieron que el aumento del combustible impacta directamente en su rentabilidad. Finalmente, los choferes insistieron en su pedido de fondo: que se revise la ordenanza y se habilite un marco regulatorio que les permita desempeñar su actividad sin sanciones ni restricciones que consideran injustificadas. “Somos trabajadores independientes, pagamos impuestos y prestamos un servicio. Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar tranquilos”, concluyeron.
