El gobierno italiano, liderado por Giorgia Meloni, aprobó un decreto que endurece los requisitos para acceder a la ciudadanía por descendencia, generando preocupación entre los miles de argentinos que planeaban tramitarla para radicarse en Europa. La nueva normativa limita el derecho automático a quienes tengan padres o abuelos nacidos en Italia, dejando fuera a los descendientes de tercera y cuarta generación que hasta ahora podían acceder al pasaporte europeo bajo el principio de "ius sanguinis".
El impacto de la medida se sintió especialmente en Argentina, país con la mayor cantidad de ciudadanos italianos en el exterior. "Fue una normativa que dio mucho impacto en la Argentina y también en el mundo, porque los diarios europeos y de parte de América lo están reflejando", sostuvo Ítalo Cassina a RAFAELA NOTICIAS, representante de la Asociación del Consulado Honorario en el mundo y exagente consular de Italia en Rafaela. "Argentina tiene la mayor cantidad de residentes italianos en el exterior. Casi un millón de personas con nacionalidad italiana residen en el país", agregó.
Colapso administrativo y negocio de los intermediarios
Según Cassina, este cambio en la normativa era previsible por el colapso en la gestión de solicitudes. "Hace tiempo se venía perfilando alguna medida porque la cantidad de trámites pendientes llevaba a que los consulados tardaran hasta cinco años en resolver casos. En Argentina y Brasil, especialmente, la situación era insostenible", explicó.
El problema también se extendió a Italia, donde los solicitantes recurrían a las comunas para obtener la ciudadanía de forma directa. "Las comunas no estaban preparadas para recibir tantos casos. Había algunas con hasta 200 solicitudes pendientes", indicó Cassina. Además, el sistema judicial también colapsó debido a la presentación de demandas por la falta de resolución de los trámites.
Otro de los factores que influyó en la decisión del gobierno italiano fue la proliferación de intermediarios que cobraban por gestionar las solicitudes. "Hubo muchos casos de gente que lucraba con esta necesidad. Se cobraba y a veces el trámite no se concretaba. Esto no gustaba a las autoridades italianas ni a los cónsules honorarios, que trabajamos gratuitamente", explicó Cassina.
El futuro de la norma: incertidumbre en el Parlamento italiano
El decreto tiene vigencia por 60 días, durante los cuales el Parlamento italiano deberá decidir si lo ratifica. "Hay altas posibilidades de que no se valide. Anoche tuvimos una reunión online con el diputado Tirelli, quien planteó su oposición a la medida", reveló Cassina. "La oposición al gobierno también podría apoyar el rechazo, pero será una decisión parlamentaria".
Si el decreto no se aprueba, el sistema de ciudadanía podría volver a la normativa anterior o sufrir modificaciones. Por ahora, miles de argentinos esperan con incertidumbre el desenlace de esta discusión en el Parlamento italiano.
Alta demanda en Rafaela de la ciudadanía italiana
En el caso de Rafaela, hay una alta demanda de ciudadanías en los últimos años. "Las consultas continúan siendo constantes, incluso desde que no estamos en el cargo. Atendemos dudas los miércoles y sábados de manera presencial y también por correo electrónico. Muchas personas siguen presentando carpetas, a pesar de los cambios en la normativa. En particular, Rosario ha enfrentado serios problemas de demoras y saturación en la tramitación, llevó a que muchas personas opten por gestionar la ciudadanía directamente en Italia o a través de vías judiciales", expresó Cassina.
Uno de los principales motivos del aumento en las solicitudes de ciudadanía es la posibilidad de acceder a mejores oportunidades laborales y educativas en Europa, así como la facilidad para viajar a países que exigen visa, como Estados Unidos. Sin embargo, también hay un componente cultural fuerte: muchas familias desean recuperar su identidad italiana y fortalecer su vínculo con las raíces de sus antepasados.
Cassina comentó que en los últimos años, la digitalización ha facilitado enormemente el proceso de búsqueda de documentos en Italia, con herramientas como FamilySearch, que permitieron el acceso a registros que antes eran casi imposibles de obtener. Sin embargo, la alta demanda también ha generado que las comunas italianas impongan restricciones, como el cobro de tasas de hasta 600 euros para la presentación de carpetas, lo que buscaba desalentar solicitudes masivas.
Casina consideró "drástica" la medida actual, y señaló que una alternativa a la misma podría ser la implementación de un examen de lengua y cultura italiana, con un nivel básico como el B1, para asegurarse de que quienes accedan a la ciudadanía realmente tengan un vínculo con la cultura italiana. Esta medida podría ser más equilibrada que una restricción absoluta y permitiría mantener el acceso a la ciudadanía para quienes la buscan por razones culturales y familiares.
