A través del Decreto 253/2026, el Gobierno nacional delegó en Santa Fe la potestad para licitar y administrar tramos de rutas nacionales. La medida habilita concesiones y el cobro de peajes, aunque la titularidad sigue siendo nacional.

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El Poder Ejecutivo oficializó un nuevo esquema que permite a Santa Fe avanzar en la reparación, ampliación y mantenimiento de corredores viales en su territorio. Todo indica que la Ruta A012 será la primera intervenida.

La disposición autoriza a licitar contratos a empresas privadas, mixtas o públicas para la explotación de trazas, habilitando el cobro de peajes. No obstante, la jurisdicción y propiedad permanecerán bajo la órbita de la Nación.

La Dirección Nacional de Vialidad mantendrá el control técnico de las operaciones. Para efectivizar la medida, la provincia deberá suscribir convenios específicos donde se definirán los tramos, el cronograma y los cuadros tarifarios.

Los acuerdos firmados tendrán un plazo máximo de concesión fijado en 30 años. A su vez, Santa Fe deberá presentar los estudios técnicos y económicos, quedando la viabilidad final sujeta a la aprobación de las autoridades nacionales.

Plazos estipulados y marco de responsabilidades

 

Una vez aprobado el convenio, la administración provincial contará con un plazo de un año para efectuar el llamado a licitación. En caso de no cumplir con este período, perderá de manera automática la delegación sobre ese tramo.

 

Los fondos que se recauden en concepto de peajes deberán invertirse exclusivamente en el corredor concesionado. Además, la provincia absorberá la responsabilidad legal por la ejecución de los contratos, manteniendo indemne al Estado nacional.

 

Implementación conjunta en nueve provincias

La iniciativa gubernamental abarca a Santa Fe y otras ocho jurisdicciones provinciales en esta primera etapa: Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Corrientes.

El Estado central se reservó la herramienta administrativa para retomar de forma directa el control de los corredores concesionados si surgieran motivos de interés público que así lo requieran.

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