Desde que el Congreso Nacional aprobó —y posteriormente ratificó tras el veto presidencial— la ley que busca garantizar el financiamiento del Hospital Garrahan y la recomposición salarial de su personal, la norma permanece sin promulgar. El último veto fue anulado el 2 de octubre, y el Gobierno nacional tiene plazo hasta el 17 de este mes para su publicación en el Boletín Oficial.
Mientras tanto, la situación dentro del hospital continúa deteriorándose. “Seguimos igual que cuando empezamos. O peor, porque la gente se sigue yendo, los equipos se rompen y ya más de 250 profesionales renunciaron”, explicó Miriam Guiter, jefa de Hemato-Oncología del Garrahan.
La médica detalló que el conflicto se arrastra desde hace más de un año y medio y que en los últimos meses se aceleró la pérdida de personal. “Hace dos años que no tenemos concursos, hay jubilaciones sin reemplazo y coordinaciones que se eliminaron. Cada vez somos menos para atender la misma o mayor cantidad de pacientes”, indicó.
Gutiérrez advirtió que el impacto no se limita al hospital: “Se está destruyendo todo el sistema de salud pediátrica argentino. El 60% de los chicos se atienden en el sistema público, y cuando el Garrahan se debilita, se vulnera el derecho a la salud de millones de niños y niñas”.
Según explicó, la ley permitiría por un año una recomposición salarial, la regularización de los trabajadores de residencias médicas y el envío de partidas para insumos. “Nosotros no somos una cooperativa, no podemos autosustentarnos. Nuestros sueldos deben salir del presupuesto nacional, del famoso inciso 1. Sin esa partida actualizada, el sistema colapsa”, afirmó.
La profesional también cuestionó el manejo de los fondos y la falta de claridad sobre los recursos disponibles: “Hay 40.000 millones de pesos en un fondo de inversión que deberían destinarse a salarios y obras. No sabemos dónde están. Las obras de infraestructura que el ministro anuncia estaban previstas desde 2022 y nunca se terminaron”.
