La ciudad de Santa Fe amaneció nuevamente conmocionada por un hecho de extrema violencia de género. En la madrugada del martes, Rosa Gabriela Villagra de la Rosa, de 45 años, fue asesinada por su expareja en una vivienda de barrio Loyola Norte. El femicida se dio a la fuga y continúa siendo intensamente buscado.
En diálogo con la prensa, el fiscal regional Jorge Nessier brindó detalles del caso y reconoció falencias estructurales en el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia. “Lamentablemente, la víctima no contaba con botón de pánico activo. Lo había tenido hace unos cuatro años, pero no volvió a solicitarse y, según lo que hemos recabado, en ese momento tampoco había disponibilidad del dispositivo”, explicó.
En tal sentido, señaló que el sistema de botones de pánico es provisto por el municipio, aunque en los últimos meses se presentó un nuevo programa, “Alerta Violeta”, que busca reemplazar los dispositivos físicos por una aplicación móvil. “Es un mecanismo más ágil, pero en este caso no estaba habilitado”, precisó.
El fiscal también informó que la víctima había realizado denuncias previas, incluso una en 2019 que fue desestimada, y que existían antecedentes de conflictos con el agresor. “Estamos verificando si durante el fin de semana hubo un llamado al 911 o un aviso a la comisaría, como aseguran los familiares. Todo indica que hubo una situación de riesgo que no derivó en una denuncia formal”, afirmó.
Respecto a las cifras generales, Nessier reveló que en 2024 se registraron más de 2.100 denuncias por violencia contra la mujer en la región, y que este año ya se contabilizan tres femicidios consumados y entre tres y cinco tentativas. “Es un número que se mantiene estable, pero no por eso deja de ser alarmante”, expresó.
El funcionario judicial también vinculó los casos recientes con el consumo problemático de sustancias, al que calificó como “un factor transversal en los hechos de violencia”. “En la mayoría de los homicidios que investigamos aparece el consumo como contexto o como motivador directo. Es una problemática que complejiza aún más la respuesta del sistema penal”, advirtió.
