La fiscal Fabiana Bertero imputará este martes a los tres detenidos. La investigación todavía está en curso y el MPA quiere tiempo para analizar las evidencias recogidas en las requisas realizadas en la Alcaidía.

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La Alcaidía funciona en el edificio de la Jefatura de la Unidad Regional V.

La detención de tres efectivos de la Unidad Regional V, entre ellos el jefe de la Alcaidía de Rafaela, Norberto N., abrió una caja de Pandora cuyas consecuencias son difíciles de predecir. No es la primera vez que las irregularidades detectadas en el manejo de la Alcaidía terminan con policías procesados y secuelas que van más allá de los implicados directos.

En este caso, la fiscal Fabiana Bertero imputará formalmente a los acusados en la jornada de este martes. Se presume que la audiencia podría concretarse por zoom: los policías están presos en otro lugar que no es la Alcaidía de Rafaela, por razones obvias. La defensa de los tres acusados estará a cargo del penalista rafaelino Dr. Carlos Farías Demaldé.

Es poco lo que trascendió de la investigación y son muchos los rumores. Hasta que los hechos investigados se ventilen en la imputación oficial, lo único que se conoce hasta ahora es que el Ministerio Público de la Acusación recibió una denuncia -"absolutamente anónima", según confiaron las fuentes consultadas- sobre los hechos que se registraban en la Alcaidía. Apenas recibida la denuncia, el fiscal Carlos Vottero puso al frente de la investigación a la Dra. Bertero, quien instruyó a Asuntos Internos de la policía provincial para hacer una requisa a fondo en la Alcaidía y en las oficinas de los policías implicados. Esa requisa se realizó el domingo 23 de marzo, bajo un hermetismo absoluto: hasta la detención de los efectivos, ocurridas en la jornada del viernes, nada se supo sobre el tema.

También se sabe que fueron secuestradas sustancias prohibidas en uno de los pabellones. Y varios -"una cantidad sorprendente", aseguran los que dicen estar bien informados- que habrían estado al alcance de los internos. Agregan un dato misterioso: "los celulares no estaban escondidos en las celdas y pabellones de la manera tradicional". La fuente consultada no quiso precisar más datos, pero la audiencia de este martes podría arrojar luz sobre este extraño comentario.

No es necesario ser sabuesos con años de investigación en las espaldas para saber que en la Alcaidía existía una llamativa facilidad para las comunicaciones externas de los internos detenidos, una cuestión ciertamente sensible para la administración provincial, que apunta a cortar todo tipo de comunicación entre internos privados de libertad y el mundo exterior, porque sostiene que desde las cárceles se alimentan las redes delictivas que operan en las ciudades. RAFAELA NOTICIAS recibió, hace diez días, mensajes directos de un interno al que se le había dictado prisión preventiva apenas dos días antes, el cual pretendía aclarar que la mujer detenida junto a él en los hechos por los que ambos terminaron presos "no es más mi pareja". El comentario lo hizo interactuando a través de las redes sociales estando preso en la Alcaidía. El interno preso estaba al tanto de las publicaciones de este portal en tiempo real.

Los peritajes de los teléfonos secuestrados llevarán tiempo. Y la posibilidad de que los policías implicados puedan ejercer algún tipo de influencia sobre testigos imprescindibles del caso hace prever que el pedido de prisión preventiva tendrá argumentos importantes -atendiendo a los supuestos peligros procesales- que el juez deberá evaluar en base a las evidencias recogidas en este momento de la investigación.

En la audiencia de este martes -y en la posterior, que se concretará por lo menos un día después, y donde se resolverá sobre la libertad o no de los policías detenidos- se podrán conocer los detalles de la investigación, la gravedad real de los delitos que se le achaquen a los imputados y si además de las sustancias halladas y los celulares investigados existía también -como se sospecha- un requerimiento de dinero a los internos y sus familiares para facilitar otro tipo de ventajas en las condiciones de alojamiento de los privados de libertad.

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