La ola de amenazas sobre presuntos tiroteos en establecimientos educativos ha escalado a un nivel de preocupación tal que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe ha decidido abordar el fenómeno no solo desde la seguridad, sino desde la responsabilidad legal y civil de los involucrados. Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera de la provincia, analizó la situación actual y fue categórica al advertir que estas acciones no pueden ser tomadas como simples bromas de adolescentes o retos virales de redes sociales, sino como delitos tipificados en el Código Penal de la Nación que acarrean consecuencias punitivas y económicas severas.
La funcionaria explicó que cada vez que se activa un protocolo de seguridad ante una amenaza escrita en un baño o un banco escolar, el Estado debe movilizar una cantidad de recursos humanos y materiales que pertenecen a todos los santafesinos. Esta motorización de patrulleros, personal policial y equipos de justicia representa un costo altísimo para el erario público en un contexto donde los recursos deben optimizarse al máximo. Por este motivo, Orciani señaló que se está trabajando con firmeza para identificar a los responsables y hacer entender que el anonimato de las redes o de las paredes de un aula no los exime de la ley.
En este marco, la secretaria hizo un llamado urgente al entorno privado de los alumnos, asegurando que el despliegue estatal y educativo tiene un límite si no hay un acompañamiento directo desde el hogar. Orciani fue tajante al afirmar que esta problemática es imposible de abordar sin la intervención de las familias, instando a padres, tutores y abuelos a dejar de lado por un momento las pantallas para dialogar de frente con los jóvenes. La premisa es clara: los adultos deben involucrarse en la crianza y la educación digital de los menores, explicándoles la gravedad institucional que generan estos actos y el peligro de viralizar contenidos sin chequear su veracidad, lo cual solo contribuye a aumentar la psicosis colectiva.
Finalmente, desde el gobierno provincial ratificaron la decisión de no interrumpir el dictado de clases, destacando el esfuerzo del personal docente y directivo que, a pesar de la tensión, sostiene las puertas de las escuelas abiertas. El abordaje conjunto entre los ministerios de Seguridad y Educación continuará de manera sostenida, pero con el firme recordatorio de que la primera barrera contra este fenómeno delictivo debe construirse dentro de cada casa, entendiendo que nadie es ajeno a que un hijo o un familiar pueda ser el autor de estas conductas que hoy mantienen en alerta a toda la provincia.
