El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, ordenó la prisión preventiva por 90 días para un hombre de 45 años, identificado con las iniciales G.G.F.
El sujeto es investigado por amenazar reiteradamente a su expareja en un contexto de violencia de género en Rafaela, ciudad cabecera del departamento Castellanos.
Entró a robar, lo atrapó la policía y su reacción frente a los agentes agravó su situación
La investigación está a cargo de la fiscal Brenda Baños, del área de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional 5, quien solicitó la privación de la libertad durante la audiencia en los Tribunales de Rafaela.
Hostigamiento y amenazas comprobadas
Según lo expuesto por la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el domingo 19 de marzo, alrededor de las 18:00, el imputado se presentó en el domicilio de la víctima y amenazó al hijo de la mujer para amedrentarlos.
Al día siguiente, a través de una persona no identificada, se le entregó al joven un sobre con una carta impresa en computadora en la que se injuriaba a la víctima y se la amenazaba con acciones de difamación pública.
La Provincia intensificó los controles de alcoholemia en rutas: las impactantes cifras y el récord etílico detectado al volante
La fiscal Baños detalló que el accionar ilícito continuó en los días posteriores mediante advertencias enviadas a través del hijo, lo que derivó en un hostigamiento sistemático.
Para agravar la situación, en una ocasión G.G.F. le envió a la mujer una fotografía donde se lo veía junto a otro individuo, exhibiendo ambos armas de fuego en la cintura.
Riesgos procesales y decisión judicial
Durante la audiencia de medidas cautelares, el juez Stegmayer consideró acreditada la materialidad y autoría de los hechos basándose tanto en los dichos de la víctima como en elementos objetivos respaldados por la Fiscalía.
La fiscal del MPA advirtió que la pena en expectativa no sería de cumplimiento condicional dada la gravedad del contexto y la exhibición de armas, las cuales aún no fueron halladas.
El magistrado determinó que los peligros procesales estaban vigentes y que resultaba indispensable proteger a la víctima y a los testigos, por lo que consideró insuficientes las medidas alternativas propuestas por la Defensa.
A G.G.F. se le atribuyó formalmente la autoría del delito de amenazas simples reiteradas, cometidas en un contexto de violencia de género.
