El Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió una investigación penal para determinar si la protesta protagonizada por efectivos policiales en Rosario derivó en situaciones de inseguridad evitables a partir del incumplimiento de funciones. La pesquisa alcanza, en una primera etapa, a al menos 20 agentes, sospechados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La actuación judicial se originó tras un informe elevado por Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, que detectó presuntas irregularidades durante la manifestación registrada en la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario, sede de la Unidad Regional II. Según las actuaciones preliminares, parte del personal involucrado habría abandonado el servicio asignado, lo que activó la vía penal, más allá de las sanciones administrativas ya aplicadas.
Investigación penal y posibles responsabilidades
La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia y Turno y de la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional. Desde el MPA confirmaron que se analizarán especialmente aquellos casos en los que la conducta policial haya comprometido la seguridad pública.
“Se evaluará si ocurrió algún hecho delictivo que pudo haberse evitado con la normal prestación del servicio”, indicaron fuentes judiciales, sin descartar una ampliación de responsabilidades penales si se comprueba un daño concreto derivado del abandono de funciones.
El límite de las protestas policiales
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, fue contundente al referirse a los hechos. “Esto no lo vamos a dejar pasar. Utilizar a la institución y a sus funcionarios para minar una política de seguridad que tanto trabajo nos costó ordenar es cruzar una línea que no vamos a consentir”, afirmó en conferencia de prensa.
El funcionario denunció la existencia de “acciones ilícitas y en algunos casos violentas” orientadas a “golpear una política de seguridad exitosa” y advirtió que el cese de actividades de al menos 20 unidades al inicio de la jornada incrementó objetivamente los niveles de riesgo. “Si llegara a producirse un delito que no pudo ser evitado, esa conducta puede acarrear responsabilidad penal”, señaló.
Cococcioni anticipó que habrá nuevos pases a disponibilidad a medida que avance la investigación administrativa y que se continuará dando intervención al MPA. Además, confirmó que mantiene diálogo permanente con autoridades nacionales, entre ellas Alejandra Monteoliva, para garantizar el patrullaje en Rosario y otras zonas de la provincia, destacando el refuerzo de fuerzas federales durante la protesta.
Sin cambios en la cúpula policial
En cuanto al plan para normalizar la actividad, el ministro descartó modificaciones inmediatas en la conducción policial. “Vamos a respaldar el trabajo de los jefes, empezando por el jefe de Policía de la provincia, que intervino personalmente para evitar el bloqueo del portón de la Jefatura”, explicó sobre los incidentes registrados en Ovidio Lagos al 5200.
También advirtió sobre la presencia de personas encapuchadas o con el rostro cubierto durante las manifestaciones. “Tenemos registros de individuos que intentaron camuflarse entre la multitud, vinculados a sectores desplazados de la Unidad Regional II”, sostuvo, y remarcó que gran parte de la investigación interna se nutre de videos e imágenes subidos a redes sociales por los propios manifestantes.
Reclamos salariales y condiciones laborales
El trasfondo del conflicto fue explicado por el abogado Gabriel Sarla, representante legal de los policías que iniciaron la protesta. El letrado cuestionó las mejoras anunciadas por el gobierno provincial y aseguró que no se otorgó un aumento salarial real, sino un plus no remunerativo.
“No es lo que se está pidiendo. Se reclama un incremento al sueldo básico para toda la policía, no para unos pocos”, afirmó. Además, sostuvo que el paquete de medidas presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad “intentó dividir” al personal y no abordó reclamos estructurales, como la falta de asistencia psicológica integral, las largas jornadas laborales, la falta de descanso y la necesidad de realizar servicios adicionales para llegar a fin de mes.
El origen de las protestas
Las primeras manifestaciones se desencadenaron tras la muerte de Oscar “Chimi” Valdez, suboficial de 32 años que se encontraba con carpeta médica por problemas de salud mental. El lunes 4 de febrero, Valdez se disparó con el arma reglamentaria de una compañera y falleció dos días después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
El hecho reavivó el malestar dentro de la fuerza y puso en agenda las condiciones laborales y de contención del personal policial, un debate que ahora se cruza con una investigación judicial de alto impacto institucional.
