Un rafaelino de 39 años denunció haber vivido un verdadero calvario el domingo pasado, cuando circulaba junto a su esposa por la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 188 en jurisdicción de Angélica, y fue detenido por la Guardia Provincial (ex Policía de Seguridad Vial).
El vecino manejaba una Volkswagen Amarok, propiedad de un amigo, con autorización de manejo válida emitida a través de la aplicación Mi Argentina. Según relató, entregó toda la documentación solicitada, pero los agentes aseguraron que el vehículo presentaba anomalías en la numeración del motor y notificaron a la fiscalía, que ordenó el secuestro de la camioneta y el traslado del conductor a la comisaría local.
“Un momento malísimo”
El rafaelino describió el episodio como una experiencia humillante. “Una vergüenza lo que hicieron, un momento malísimo el que me hicieron pasar a mí y a mi señora, te tratan como delincuente hasta que todo está perfecto”, relató. Además, denunció que durante las horas que permaneció demorado no le permitieron hablar por teléfono ni a su esposa ir al baño, mientras los uniformados insistían en que explicara de dónde había sacado el vehículo o cuál era el supuesto delito.
Al día siguiente, un perito revisó la camioneta en la comisaría y constató que la numeración del motor no presentaba adulteraciones y que correspondía al rodado en cuestión. Todo se trató, según el afectado, de un error de los agentes que “no podían encontrar los números por falta de experiencia”.
Tras la revisión, la fiscalía autorizó la entrega del vehículo. Sin embargo, el propietario denunció que la camioneta, que estaba en perfectas condiciones al momento de la detención, fue devuelta con roturas en el motor y pérdidas de fluidos ocasionadas durante los controles del perito.
“El tema es que ahora me tengo que hacer cargo de la rotura o buscar la camioneta con una grúa, cuando todo fue un error de la policía. Solo de repuestos hay cerca de 500 mil pesos”, se quejó el rafaelino, quien responsabilizó a los efectivos por lo ocurrido.
La situación generó indignación en la familia, que exige explicaciones y soluciones frente a un accionar que calificaron de “injusto y vergonzoso”.
