El abogado Rodolfo Mingarini cuestionó el reclamo económico impulsado por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe contra familias de menores involucrados en amenazas a escuelas y aseguró que el procedimiento “no tiene validez jurídica”.
Mingarini representa a una familia cuyo hijo, de 13 años, quedó involucrado en uno de los episodios investigados. Según explicó en diálogo con Radio Mitre Santa Fe, los padres recibieron un requerimiento para abonar más de seis millones de pesos por los costos del operativo policial desplegado tras la falsa amenaza.
“El papá y la mamá recibieron la visita de varios móviles policiales y numerosos efectivos para entregarles una nota donde se les exigía pagar más de seis millones de pesos al Ministerio de Seguridad”, relató el abogado.
El letrado remarcó que el planteo oficial no constituye una notificación formal y sostuvo que el reclamo no está acompañado por documentación que justifique el monto exigido. “No explican cómo calcularon los gastos, qué personal intervino ni cuál fue el despliegue realizado”, afirmó.
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Además, sostuvo que en este caso puntual no existió un operativo de gran magnitud porque la nota con la amenaza fue encontrada fuera del horario escolar. “No hubo grupo de operaciones especiales ni un despliegue como se quiere instalar. El hecho se detectó cuando ya no había clases”, indicó.
Durante la entrevista, Mingarini aclaró que no cuestiona la necesidad de frenar este tipo de amenazas, pero sí el mecanismo utilizado por el Gobierno provincial. “El objetivo puede ser correcto, pero las sanciones deben estar previstas por ley y aplicarse a través de los canales legales correspondientes”, expresó.
En ese sentido, explicó que una multa de este tipo no puede ser creada por una resolución ministerial posterior al hecho investigado. “Una sanción tiene que existir previamente en una norma aprobada por la Legislatura. No puede imponerse después de ocurrido el episodio”, señaló.
El abogado también advirtió sobre la falta de claridad respecto de cómo continuará el proceso y qué ámbito judicial debería intervenir si el Estado decide avanzar con el cobro. “Ni siquiera sabemos en qué fuero debería discutirse esta situación”, sostuvo.
Por otra parte, pidió que el caso sea abordado teniendo en cuenta que se trata de menores de edad. “No se puede criminalizar a chicos de 12 o 13 años sin ningún tipo de fundamento. Los adolescentes necesitan una protección reforzada”, afirmó.
Descendieron las amenazas falsas a escuelas de la Provincia
Mingarini reconoció que las medidas impulsadas por el Gobierno lograron disminuir las amenazas escolares, aunque insistió en que el problema pasa por la forma en que se actuó. “El efecto fue logrado, pero no era la manera”, concluyó.
