El Gobierno nacional tiene tiempo hasta este viernes a las 9.30 para cumplir con la resolución judicial que ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras evalúa los pasos a seguir, en el oficialismo ya anticipan un panorama desfavorable si el conflicto llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, última instancia disponible.
En ese contexto, desde el Ejecutivo reconocen que actualmente no cuentan con los recursos necesarios para afrontar el impacto económico de la medida. Según estimaciones oficiales, la aplicación de la norma implicaría un desembolso cercano a los 2,5 billones de pesos, una cifra que genera preocupación en la administración nacional.
La ley había sido aprobada por el Congreso con el respaldo de sectores opositores y aliados circunstanciales, que además lograron rechazar el veto presidencial. Posteriormente, el Gobierno llevó el tema a la Justicia, pero los fallos de primera y segunda instancia resultaron adversos, consolidando la vigencia de la normativa.
Ante este escenario, la estrategia oficial apunta a presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Sin embargo, dentro del propio Gobierno admiten que es poco probable que el máximo tribunal otorgue un efecto suspensivo que frene la obligación de pago en el corto plazo.
Mientras tanto, se analizan alternativas para cumplir con el fallo de manera gradual. También persisten diferencias entre los actores involucrados respecto a la instrumentación concreta de los pagos. Desde el ámbito universitario, en tanto, señalan la necesidad de avanzar en actualizaciones salariales y reforzar partidas como las becas estudiantiles.
Con el plazo en marcha y sin definiciones firmes, el conflicto por el financiamiento universitario suma un nuevo capítulo que podría escalar en el plano judicial y tensionar aún más las cuentas públicas.
