El inicio del juicio de lesa humanidad conocido como Laguna Paiva II abre una nueva etapa en la búsqueda de memoria, verdad y justicia en Argentina. En este contexto, la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes presentó una intervención como amicus curiae para aportar argumentos técnicos en una causa que podría sentar precedente a nivel nacional.
El defensor provincial Juan Cruz Giménez destacó que se trata de un proceso “inédito”, ya que incorpora la figura de abandono de menores dentro de los delitos investigados durante la última dictadura militar. Según explicó, este enfoque permite visibilizar una dimensión poco abordada hasta ahora en los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Comenzó el juicio “Laguna Paiva II”: por primera vez se juzga el abandono de niños como delito de lesa humanidad
Un caso que expone el impacto en la infancia
La causa se remonta a hechos ocurridos en 1980, cuando una familia fue desmembrada a partir de la detención ilegal de los adultos. Como consecuencia, un grupo de hermanos quedó sin ningún referente adulto durante meses.
“Una de las niñas, de apenas 11 años, tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, incluso de un bebé de un año”, relató Giménez, quien presenció la primera jornada del juicio. La situación, remarcó, refleja una grave vulneración de derechos agravada por la intervención del Estado en ese contexto.
Con el paso del tiempo, los menores fueron institucionalizados, pero el daño ya estaba hecho. “No había un tío, una abuela o un vecino que pudiera contenerlos. Eso modificó completamente sus referencias afectivas y su desarrollo”, explicó.
Por qué estos delitos tardaron en visibilizarse
El defensor señaló que este tipo de crímenes no fueron inicialmente contemplados en los procesos judiciales, que en las primeras décadas se centraron en delitos como desaparición forzada o apropiación de bebés.
“Los juicios fueron avanzando de manera gradual. A medida que se sumaron testimonios y nuevas miradas, también se fueron tipificando otras formas de violencia”, indicó. En ese sentido, subrayó que el impacto del terrorismo de Estado en la niñez comenzó a ser abordado más recientemente, a partir de aportes del ámbito jurídico, académico y de otras disciplinas.
Además, remarcó que muchos de los afectados tardaron años en poder dimensionar y verbalizar lo ocurrido, debido al trauma vivido.
El rol de la Defensoría
La intervención presentada por la Defensoría no reemplaza testimonios, sino que busca enriquecer el análisis judicial con herramientas del derecho nacional e internacional, así como con evidencia sobre las consecuencias del trauma en la infancia.
“Es fundamental acompañar este proceso porque se trata de hechos que marcaron la vida de estos niños y que recién ahora pueden ser comprendidos en toda su dimensión”, sostuvo Giménez.
El juicio continuará en las próximas semanas con la etapa de testimoniales, y se espera que su desarrollo contribuya a consolidar un nuevo enfoque en la investigación de los delitos de lesa humanidad.
Un posible precedente
Desde la Defensoría consideran que este caso podría sentar un antecedente clave en la justicia argentina, al reconocer el abandono de niñas y niños como una forma específica de violencia estatal en contextos represivos.
“Hay mucha evidencia acumulada en estos años sobre el impacto de estas situaciones en la infancia. Este juicio puede marcar un antes y un después en cómo se abordan estos delitos”, concluyó Giménez.
