La diputada provincial Ximena García, presidenta de la comisión de Seguridad de la Legislatura, explicó a Rafaela Noticias los alcances de un proyecto de ley que fue presentado para modificar el Código de Convivencia de la provincia y sancionar la actividad de cuidacoches, trapitos o lavacoches en aquellas ciudades donde ya está prohibida por ordenanzas municipales.
En declaraciones en el noticiero de Rafaela Noticias TV, García sostuvo que el objetivo central de la iniciativa fue “terminar con la puerta giratoria” de quienes ejercen esta actividad de manera ilegal y, en muchos casos, mediante prácticas extorsivas. Señaló que numerosos vecinos “no pueden seguir siendo rehenes en su propia ciudad” ni verse obligados a pagar por estacionar por miedo a amenazas o agresiones.
La legisladora remarcó que municipios como Santa Fe, Rosario y Rafaela ya prohibieron la actividad mediante normas locales, pero advirtió que encuentran un límite operativo por la falta de una ley provincial que permita sostener las sanciones. “Hoy la policía puede intervenir, pero a las pocas horas estas personas recuperan la libertad y vuelven al mismo lugar”, explicó.
El proyecto, presentado el primer día de las sesiones ordinarias, propuso habilitar a la policía a intervenir sin orden judicial cuando la actividad esté prohibida por normativa municipal, respetando la autonomía de cada ciudad. Además, incorporó un esquema de sanciones progresivas dentro del Código de Convivencia.
Según detalló García, las sanciones incluyeron trabajos comunitarios de dos a diez días en una primera instancia, y arrestos contravencionales de entre 10 y 20 días en caso de reincidencia. Cuando existan agravantes -como violencia, intimidación, aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad, horarios nocturnos, zonas escolares, bancarias, comerciales, estacionamiento medido o eventos masivos- las penas se duplicarían, alcanzando hasta 40 días de arresto.
El proyecto también contempló multas y clausuras temporarias, de entre 15 y 30 días, para instituciones que toleren o participen indirectamente de este tipo de prácticas.
Finalmente, la diputada aclaró que la propuesta buscó cubrir un “peldaño intermedio” entre las ordenanzas municipales y el Código Penal. Indicó que, cuando los hechos configuren delitos penales -como agresiones graves-, la intervención corresponde directamente a la Justicia provincial, tal como ocurrió recientemente en un caso de violencia extrema registrado en la ciudad de Santa Fe.
