En una conferencia de prensa convocada por ATE, trabajadores de organismos nacionales afectados por el reciente decreto presidencial —como INTA, INTI y Vialidad Nacional— alertaron sobre las graves consecuencias que tendría su implementación. El decreto, publicado el 8 de julio, forma parte del proceso de ajuste impulsado por el Gobierno Nacional y contempla la disolución o modificación profunda de 21 organismos públicos.
Matías Avallone, de la Coordinación General de Organismos Nacionales, consideró que se trata de “una destrucción planificada del Estado”, enmarcada en una política que comenzó con el DNU 70 y que ya provocó alrededor de 50.000 despidos. “Cada organismo que se desmantela afecta directamente la vida cotidiana del pueblo”, afirmó, y sostuvo que no esperan respuestas del Gobierno, que viene profundizando los recortes desde el inicio de su gestión.
Desde el INTI, la delegada Virginia Uchitel denunció que el instituto perdió a casi 700 profesionales por un plan de retiros voluntarios, afectando capacidades estratégicas en transferencia de tecnología y metrología. “El INTI tiene reconocimiento internacional. El Estado invirtió en la formación de estos trabajadores y ahora los pierde por una política de desguace”, señaló.
Representantes de Vialidad Nacional advirtieron sobre el impacto en el federalismo y en el costo del transporte: “Con la desaparición del organismo, el mantenimiento de rutas quedará en manos privadas, lo que implica más peajes y mayor encarecimiento de productos esenciales. Lo vamos a pagar todos cada vez que compremos alimentos”.
