El Gobierno de Santa Fe se presentó este lunes junto a la Secretaría de Niñez para intervenir en el marco de la causa por el homicidio de Jeremías Monzón, en la que están involucrados menores de edad. Desde el Ejecutivo confirmaron que se elevaron propuestas concretas a la Fiscalía, las cuales serán debatidas en audiencia judicial, siempre dentro de los márgenes que permite la legislación vigente.
Durante las declaraciones, el ministro de seguridad, Pablo Cococcioni, que la intervención se realiza conforme al sistema actual de medidas para menores, pero insistieron en la necesidad de una revisión urgente del régimen penal juvenil, particularmente en lo referido a la edad de punibilidad. En ese sentido, planteó la posibilidad de avanzar en una baja de la edad mínima en casos excepcionales y de extrema gravedad, siempre que peritajes acrediten que el menor comprendía la criminalidad del hecho.
Además, se subrayó que incluso en situaciones donde los menores no resulten punibles, debe existir la posibilidad de aplicar medidas restrictivas de seguridad, que en determinados casos podrían incluir instancias de internación, con el objetivo de proteger a la sociedad y evitar escenarios de impunidad.
Desde el Ejecutivo provincial recordaron que esta postura no surge a partir del caso Jeremías Monzón, sino que forma parte de una posición sostenida desde hace años por el gobernador Maximiliano Pullaro, incluso desde su etapa como ministro de Seguridad. En esa línea, confirmaron que la Provincia ya se puso a disposición de los legisladores nacionales de Santa Fe para llevar el debate al Congreso.
En cuanto a la causa puntual, se informó que se presentaron ante la Fiscalía más de 15 actas de intervención, que incluyen entrevistas con progenitores, familiares y los propios adolescentes involucrados. Todo ese material ya forma parte del expediente judicial y será evaluado por el magistrado interviniente.
Por último, las autoridades destacaron el acompañamiento integral a la familia de Jeremías, tanto en términos de información sobre la causa como en contención emocional, y aseguraron que el Estado provincial pondrá a disposición todas sus herramientas para asistir a las víctimas, mientras se aguarda la resolución judicial sobre las medidas a aplicar.
