En una entrevista con Radio Mitre Santa Fe, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat expresó preocupación por la presunta inconstitucionalidad de la ley ómnibus y del Decreto de Necesidad y Urgencia asociado. Barcesat, haciendo hincapié en los artículos 36 y 99 inciso tercero segundo párrafo de la Constitución Nacional, destacó su percepción de un intento por parte del Ejecutivo de vaciar de potestades al Congreso de la Nación.
"Desde el artículo 29 de la Constitución Nacional que dice que no puede delegar facultades el Ejecutivo a los poderes legislativos, no puedo compartir ni una letra de lo que dijo el colega. Me parece un disparate jurídico sin asidero en el texto constitucional ni en nuestra historia institucional", afirmó Barcesat en referencia a una opinión previa de otro especialista.
Barcesat instó al Congreso a devolver el proyecto de ley ómnibus al Poder Ejecutivo, señalando que este último debería mantenerse en el marco de sus competencias constitucionales y no pretender apropiarse de aquellas que corresponden al legislativo, subrayando la indelegabilidad por naturaleza de ciertas facultades del Congreso.
El abogado constitucionalista también criticó la falta de fundamentos para declarar una emergencia pública, sosteniendo que el proyecto busca otorgar al Ejecutivo la "totalidad y suma del poder público" durante todo su mandato, contraviniendo, según él, el espíritu constitucional.
Barcesat concluyó enfatizando que el Congreso, como poseedor de la competencia constitucional para dictar leyes, debe anular cualquier ejercicio usurpatorio por parte del Poder Ejecutivo, considerando que el proyecto podría ser interpretado como un acto de violencia institucional.
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