En plena temporada de recepciones y despedidas de fin de año, un fallo judicial generó un fuerte impacto en Santa Fe: cinco colegios quedaron exentos de pagar los aranceles que habitualmente cobran las entidades gestoras de derechos de autor —AADI CAPIFy Sadaic— por la música utilizada en sus fiestas. La medida fue impulsada por el abogado Rodolfo Carlos Comoretto, junto a la doctora Romina Villaggi, y constituye un precedente inédito para este tipo de eventos.
Comoretto explicó que la Justicia otorgó una medida precautoria que impide a las entidades continuar con el cobro mientras avanza la demanda ordinaria. El planteo se basó en un argumento central: las recepciones son eventos privados, sin fines de lucro, con listas de invitados cerradas y organizadas por padres dentro del marco institucional. Estas características, sostuvo el abogado, encuadran perfectamente en un decreto nacional que exime del pago de cánones a eventos sociales sin recaudación ni venta de entradas.
Para acreditar esta situación, los abogados presentaron ante la Justicia 285 fojas con notificaciones previas, gestiones ante la Defensoría del Pueblo y comunicaciones a los salones de fiestas. “Era el último recurso que nos quedaba”, afirmó. La resolución, dijo, reconoce “humo de buen derecho” y determina que, hasta que se resuelva la acción definitiva, los colegios no están obligados a pagar.
El impacto económico para las familias no es menor: solo el presupuesto de las entidades por una recepción de 300 personas ascendía al equivalente a 2.200 dólares, un monto casi similar al costo del alquiler del salón. “Era un gasto exorbitante, había un daño real e inminente”, señaló.
El abogado también aclaró que la normativa podría alcanzar otros eventos como casamientos o cumpleaños de 15, siempre que cumplan con los mismos requisitos: privados, sin venta de entradas, sin fin de lucro y con lista de invitados cerrada. De esta manera, la medida se convierte en una referencia para otras instituciones o familias que deseen plantear situaciones similares.
Mientras tanto, las entidades gestoras ya fueron notificadas y presentaron sus argumentos en el expediente. Incluso —según mencionó Comoretto— han intentado una reformulación de sus tributos, aunque el conflicto jurídico central no pasa por el monto, sino por determinar si estos eventos son sujetos obligados al pago.
