La causa conocida como LAGUNA PAIVA II avanzó a la instancia de juicio oral y público y pondrá en el centro crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, con una particularidad: la mayoría de las víctimas eran niñas, niños y adolescentes al momento de los hechos.
Así lo explicó la querellante Noelia Zarza, quien detalló que se investigan allanamientos ilegales en zonas rurales, donde grupos armados ingresaban a viviendas familiares, secuestraban personas, saqueaban propiedades y cometían torturas y abusos sexuales.
Según relató, en algunos casos familias enteras fueron llevadas a centros clandestinos de detención, mientras que grupos de hermanos menores quedaron completamente solos, sin ningún adulto responsable. “Lo que hace esta causa es poner en el centro a un universo de víctimas que durante mucho tiempo fue invisibilizado: quienes atravesaron su infancia en el terrorismo de Estado”, sostuvo.
Entre los testimonios más impactantes, se encuentran casos de niños que, tras los operativos, debieron trabajar para sobrevivir o incluso hacerse cargo de situaciones de salud entre hermanos ante la ausencia total de adultos.
Los acusados
En esta etapa serán juzgados Eduardo Riuli, Oscar Cayetano Valdés, Antonio Parvelotti y Víctor Brusa, varios de ellos ya condenados en otras causas por delitos de lesa humanidad.
Un juicio con valor social
Desde el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, Luis Larpin destacó la importancia del proceso: “Cada juicio es un nuevo ‘Nunca Más’. Son instancias reparadoras no solo para las víctimas, sino para toda la sociedad”.
El juicio comenzará el 28 de abril y será abierto al público. Organizaciones de derechos humanos y espacios educativos impulsan la participación de estudiantes y ciudadanos para acompañar el proceso y fortalecer la memoria colectiva.
Preocupación por el desarrollo de las audiencias
Desde la querella también manifestaron inquietud por el cronograma previsto, que contempla hasta 12 testimonios por jornada. Advirtieron que esto podría afectar la calidad de las declaraciones y generar situaciones de revictimización, especialmente teniendo en cuenta que muchos testigos son adultos mayores y deben trasladarse desde otras localidades.
“Después de 46 años de espera, es fundamental garantizar condiciones adecuadas para que las víctimas puedan declarar”, señalaron.
En ese marco, convocan a la sociedad a acompañar el juicio y remarcan que la visibilidad pública es clave para alcanzar una verdadera reparación.
