En una conferencia de prensa brindada este lunes, la fiscal María Laura Urquiza y el director provincial de eventos masivos, Fernando Peverengo, confirmaron que el Gobierno de Santa Fe denunció a un integrante de la barra brava del club Colón por amenazas y extorsión hacia los organizadores del recital de La Renga, realizado el pasado 31 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Según detallaron, días antes del evento, un hombre que se identificaba como líder de la facción “Los de Siempre” exigió a los productores la entrega de unas 500 entradas. La presión se ejercía a través de amenazas directas a personal de seguridad del evento, en persona y por WhatsApp, incluso con intimidaciones hacia el entorno barrial si no se accedía a lo requerido.
“El mensaje es claro: con la violencia no se negocia. Quienes intenten imponer condiciones de ese modo tendrán siempre un Estado presente y fuerte en la vereda de enfrente”, sostuvo Peverengo. Aclaró que el operativo de seguridad durante el recital fue exitoso, pero que desde entonces continuaron con la recolección de pruebas para formalizar la denuncia.
La fiscal Urquiza indicó que, ante el temor de los amenazados, la denuncia no se concretó sino hasta después del evento. Recién el lunes posterior al recital, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) procedió a la detención del implicado. Durante el allanamiento en su domicilio se encontraron, además, cuatro plantas de marihuana, por lo que también fue imputado por tenencia simple de estupefacientes.
“La persona hoy detenida afirmó que la orden de exigir entradas provenía desde la cárcel de Coronda”, reveló Urquiza. La justicia ahora investiga si exlíderes de la barra, actualmente encarcelados, continúan operando desde prisión.
Además, confirmaron que una parte de las entradas —150— llegaron a ser entregadas antes del evento. A raíz de estos hechos, el acusado ya fue excluido de por vida de los estadios de fútbol mientras las actuales autoridades sigan en funciones.
“Lo que sucedió no es un hecho aislado, es parte de una trama que estamos decididos a cortar de raíz. No podemos normalizar que alguien obligue a otro a entregar un bien de alto valor económico mediante intimidación”, concluyeron.
