La ciudad de Santa Fe vivió su peor tragedia el 29 de abril de 2003, cuando el río Salado ingresó por una defensa inconclusa y arrasó con más de 40 barrios del cordón oeste. Unas 36.890 viviendas quedaron bajo el agua, y más de 150 mil personas debieron escapar de manera desesperada para refugiarse en zonas altas, escuelas o centros comunitarios. En pocas horas, el desastre modificó la vida de un tercio de la población.
El saldo fue devastador: 27 muertes reconocidas oficialmente y 107 más denunciadas por organismos de derechos humanos, atribuibles a causas colaterales como enfermedades y traumas psíquicos. Dos íconos de la ciudad —el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” y el estadio de Colón— quedaron sumergidos, generando un impacto emocional profundo. Cuando el agua bajó, lo que quedó fue destrucción, dolor y una ciudad marcada por el barro y el abandono.
El Gobierno nacional destinó fondos y la provincia creó un Ente de Reconstrucción para asistir a los afectados. Hubo subsidios, donaciones y un largo proceso de retorno a los hogares destruidos. Sin embargo, muchos nunca regresaron. Lo perdieron todo. Y mientras la ciudad intentaba rehacerse, se abría una causa penal para investigar las responsabilidades políticas de lo ocurrido.
Esa causa, iniciada hace más de dos décadas, fue desactivada en 2024 por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que anuló los fallos previos y absolvió al único condenado, Ricardo Fratti. Con el argumento de que se había excedido “el plazo razonable”, los jueces priorizaron la situación del acusado por sobre las víctimas. Una resolución que los inundados recibieron como una burla: después de 22 años, la tragedia de Santa Fe sigue sin justicia ni responsables.
