El dirigente Bryan J. Mayer presentó un proyecto local ante el Concejo Municipal para impedir el cobro de derechos de autor en eventos familiares o entre amigos en Rafaela, en línea con el decreto nacional 765/24, que reglamenta la Ley 11.723 y establece que en ese tipo de celebraciones no corresponde el pago por reproducción musical. Según recuerda el autor de la iniciativa, el decreto, formalizado en 2024, redefine el concepto de “ejecución pública” y excluye expresamente a encuentros como egresos, cumpleaños de 15, casamientos o reuniones privadas, tanto en domicilios como en salones o predios alquilados. Según el documento, estos usos se encuadran dentro del ámbito privado. Mayer señaló que, pese a la vigencia de la normativa, en la ciudad continúan registrándose cobros por parte de entidades de gestión colectiva. Sostuvo que en algunos casos los montos alcanzan valores elevados y que se brindan argumentos como que “el decreto no está firme” o que “una ley no puede ser modificada por un decreto”. El funcionario también mencionó reclamos vinculados a situaciones donde los cobros se incorporan como “gastos administrativos” u otros conceptos similares. Diferenció además que para boliches y restaurantes la situación permanece bajo el régimen previo, al tratarse de actividades comerciales en las que la música cumple otra función. Respecto al desarrollo de eventos privados, Mayer recordó que solo la policía o un agente estatal están habilitados para interrumpir un festejo, aunque advirtió que continúan registrándose casos de amenazas o condicionamientos. En ese marco, afirmó que su proyecto busca “reforzar las herramientas locales” para evitar estas prácticas. La propuesta prevé prohibir cobros directos o indirectos por música en eventos familiares y designa a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) como autoridad de aplicación para recibir denuncias y tramitar procedimientos sin necesidad de que intervengan instancias provinciales o nacionales. Asimismo, contempla sanciones para quienes continúen exigiendo pagos, desde apercibimientos hasta la clausura del establecimiento en casos de reincidencia grave. También incluye una campaña de difusión orientada a informar a los usuarios sobre los alcances de la normativa. La aprobación del proyecto dependerá del tratamiento y la decisión del Concejo Municipal.
Bryan Mayer
Sociedad Rural de Rafaela
