En los primeros días de diciembre, el Centro de Acopiadores de Cereales y Oleaginosos de Santa Fe y la Sociedad Gremial de Acopiadores de Granos de Rosario presentaron una nota en la Legislatura provincial para pedir cambios en el proyecto de Ley Tributaria 2026, dado que consideran que “el esquema actual les da un trato desigual frente a las cooperativas”. En este sentido, “advirtieron que la propuesta del Gobierno local, que conduce Maximiliano Pullaro, mantiene diferencias impositivas pese a que, sostienen, ambos sectores realizan tareas similares en la recepción, el movimiento y el procesamiento de granos. Según remarcaron, la normativa vigente ‘establece beneficios fiscales diferenciados según el tipo societario y no por la naturaleza de la actividad’, algo que consideran un punto crítico para el funcionamiento del mercado. La carta fue firmada por Félix Redolfi, presidente de la Sociedad Gremial de Acopiadores de Granos, y por Carlos Bertolaccini, presidente del Centro de Acopiadores de Cereales de Santa Fe. En el documento, los acopiadores señalaron que la modificación prevista en el inciso ñ) del artículo 213 del Código Fiscal genera un trato desigual, porque la exención de Ingresos Brutos para actividades de industrialización está pensada solo para cooperativas”. Así, pidieron que se reemplace el término “cooperativas” por el de “sujetos”, para “asegurar un trato fiscal igualitario entre todos los operadores que realizan tareas industriales vinculadas a cereales y oleaginosas. En la nota remarcaron que este cambio permitiría garantizar ‘un tratamiento fiscal equitativo en la exención aplicable a la actividad industrial de transformación de cereales y oleaginosas’. El reclamo también apunta a eliminar la exención que hoy tienen las cooperativas que comercializan combustibles y lubricantes. Las entidades solicitaron revisar el inciso d) del artículo 213 y advirtieron que esa ventaja ‘afecta la competencia leal entre operadores’ y genera ‘distorsiones relevantes en mercados caracterizados por márgenes reducidos y alta trasladabilidad del impuesto’. Aseguran que estas diferencias limitan la capacidad de los acopios para competir en igualdad de condiciones y terminan trasladándose rápido a los precios finales. Además, pidieron derogar el párrafo incorporado al inciso c) del mismo artículo, que les da una exención a las cooperativas que manejan supermercados en rubros como alimentos y limpieza. Según plantearon, estas exenciones ‘podrían resultar contrarias a los principios de igualdad, no discriminación y razonabilidad’, porque dan beneficios sin evaluar la naturaleza de la actividad económica y solo por el tipo de entidad. Advirtieron que, en ciudades medianas del interior, esto puede profundizar diferencias en mercados donde la competencia es directa. En diálogo con La Nación, Redolfi explicó que acopios y cooperativas hacen la misma tarea y que el problema aparece cuando la ley solo contempla a uno de los dos. ‘Dentro de la ley tributaria hay una parte donde nosotros consideramos que estamos discriminados frente a la misma actividad que realizan las cooperativas’, afirmó. Sostuvo que la recepción y el movimiento de granos son iguales para ambos, pero que la normativa deja a los acopios fuera de beneficios que sí reciben las cooperativas. Por eso las entidades insistieron en que la exención debería aplicarse a la actividad y no al tipo societario. Recordaron que la exclusión actual contradice el principio de igualdad del artículo 8° de la Constitución provincial. Para Redolfi, estas diferencias son importantes y se repiten en otros niveles: mencionó que, a nivel nacional, las cooperativas no pagan impuesto a las ganancias mientras que los acopios deben tributar el 35%. ‘Consideramos que no hay una igualdad de condiciones, como dice el artículo 16 de la Constitución Nacional’, expresó. Redolfi aclaró que este reclamo no incluye a las cooperativas de servicios públicos que funcionan en localidades pequeñas -como las de agua, energía o telefonía- porque cumplen un rol social distinto. Señaló que el planteo se concentra exclusivamente en el sector cerealero, donde la competencia entre acopios y cooperativas es directa y las diferencias fiscales pueden influir en decisiones comerciales e inversiones. ‘Si ellos tienen exenciones, nosotros también queremos tenerlas’, señaló, al remarcar que no debería haber diferencias cuando la actividad es la misma. Recordó también que ‘la cooperativa hace el mismo trabajo que los acopios’ y que el marco fiscal no los trata por igual. Para el dirigente, ese es el centro del conflicto: ‘Ahí es donde nosotros nos sentimos discriminados’, dijo. ‘Consideramos que no hay una igualdad de condiciones, como dice el artículo 16 de la Constitución Nacional’, volvió a marcar”.
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