Este martes por la mañana, un grupo de productores agropecuarios provenientes de distintos puntos de la provincia de Santa Fe —entre ellos Rosario, Rafaela y Sastre— llegó a las puertas de la Legislatura provincial con una misión clara: presentar formalmente cuatro proyectos de reforma constitucional. Las iniciativas, respaldadas por más de 300 firmas, buscan asegurar el respeto a la propiedad privada, la actividad productiva y el equilibrio entre lo urbano y lo rural. Los referentes de la propuesta son Bryan Mayer (ex candidato a convencional por el departamento Castellanos), María Soledad Aramendi (presidenta de la Sociedad Rural de Rosario), Fernando Belinde y Daniel Bernard. Todos ellos trabajaron en conjunto con productores autoconvocados y técnicos de distintas regiones del centro-oeste santafesino. Bryan Mayer explicó que las ideas surgieron como una articulación de distintos trabajos previos. “Estaba desarrollando varios proyectos con mi equipo cuando Fernando Belinde y la Asociación de Productores Unidos propusieron unificar esfuerzos. Me pareció una excelente iniciativa”, indicó. Aramendi, quien participó a título personal, se destacó por su alto perfil en defensa del sector rural. En tanto, desde Sastre y Garibaldi —zonas especialmente afectadas por restricciones normativas—, Daniel Bernard se sumó junto a Mariano Trossero y María Celia Baldo. Todos ellos contaron con el apoyo de un nutrido grupo de vecinos y productores que expresaron su malestar por la falta de respuestas a los problemas del campo. Los puntos clave de los proyectos presentados   Las propuestas presentadas abordan temas sensibles para el ámbito rural. Uno de los proyectos busca consagrar principios constitucionales sobre protección ambiental, ordenamiento territorial y sostenibilidad productiva, garantizando al mismo tiempo el respeto a la propiedad privada. Otra de las iniciativas plantea que no se pueda declarar zona urbana a territorios que no cuenten con servicios básicos. Además, se exige un resarcimiento económico para quienes sufran perjuicios por decisiones estatales que afecten su producción o capital. También propone acelerar los procesos de relocalización de asentamientos irregulares. En tercer lugar, se apunta contra la circulación sin permiso por propiedades privadas. La medida responde a los múltiples casos de intrusión rural que, según denuncian, no suelen recibir sanciones efectivas. Finalmente, el cuarto proyecto pone el foco en la actuación de municipios y comunas. Los productores exigen que no puedan imponer restricciones económicas sin sustento técnico o profesional, especialmente en lo que refiere a los límites agronómicos. “Estas decisiones afectan la producción, el empleo y la recaudación. Todos perdemos cuando se impide trabajar por prejuicios ideológicos o desconocimiento”, manifestaron los autores del proyecto. A través de estas propuestas, los productores buscan ser escuchados en el proceso de redacción de una nueva Constitución para Santa Fe. Reclaman un mayor reconocimiento al sector rural, históricamente postergado en las discusiones políticas, pese a su rol clave en la economía provincial.
