El Concejo Municipal de Rafaela analiza un proyecto de resolución presentado por el concejal Lisandro Mársico que propone rechazar en su totalidad el veto del Departamento Ejecutivo Municipal a la ordenanza 5643, normativa que había sido impulsada por el concejal Lisandro Mársico y vinculada a la implementación de cortinas forestales en el área periurbana. Ahora es el propio Mársico el que volvió a la carga, presentando el proyecto de rechazo "completo" al veto del intendente. La iniciativa reabre un debate de fondo sobre la política ambiental local, particularmente en lo referido a la aplicación de productos fitosanitarios y las medidas de mitigación establecidas desde 2021. En ese año, se sancionó la ordenanza 5331, que introdujo restricciones y la obligación de implantar barreras forestales. Sin embargo, según se expone en el proyecto, su implementación resultó inviable en la práctica. En aquél momento, Mársico y Viotti habían tenido diferencias al encarar la iniciativa, triunfando la idea de Viotti, que compartía bloque con Mársico. Rafaela 30 de Enero de 2026 Cortinas Forestales: el Ejecutivo vetó la ordenanza   El nuevo texto aprobado por el Concejo a instancias de Mársico —y posteriormente vetado por el Ejecutivo mediante un decreto- proponía un esquema gradual, progresivo y sustentable para concretar esas exigencias. Profundizando en diferencias que en el entorno de Mársico consideran "irreconciliables" con el intendente Viotti, ahora el legislador del PDP vuelve a la carga y parece dispuesto a propinarle una derrota política al intendente cuyo proyecto de gobierno acompañó hasta el año pasado. Derrota que se haría efectiva si triunfa el rechazo al veto. Un veto bajo cuestionamiento   El proyecto de resolución presentado por Mársico cuestiona de manera integral los argumentos del Ejecutivo, que fundamentó el veto en cuatro ejes: supuesta regresión ambiental, afectación de recursos públicos, riesgo de paralización por consensos previos y posible compromiso financiero e institucional del municipio. Desde el Concejo se sostiene que “el veto total planteado debe ser rechazado contundentemente”, al considerar que la ordenanza 5643 no implica un retroceso, sino que “hace posible por primera vez” el cumplimiento efectivo de la política ambiental. En ese sentido, se plantea que la verdadera regresión no está en la nueva normativa, sino en la situación actual: “cuatro años de incumplimiento han vaciado de contenido real a la ordenanza 5331”. Rafaela 14 de Enero de 2026 Rafaela avanza con el plan de cortinas forestales   Regresión ambiental, el eje central del debate Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es que la ordenanza vetada vulnera el principio de no regresión ambiental. Sin embargo, el proyecto sostiene que existe un “error conceptual grave” en esa interpretación. Se explica que la normativa no modifica los estándares sustantivos de protección —como distancias o zonas de exclusión— sino únicamente los mecanismos de implementación. En ese marco, se afirma que “lo que modifica son los plazos y el procedimiento”, lo cual constituye un “ajuste instrumental” permitido por la doctrina ambiental. Además, se introduce el concepto de “regresión de hecho”, al señalar que una norma incumplible no garantiza protección efectiva. En ese sentido, se indica que “una norma que no puede cumplirse no protege nada”. El texto también remarca que la ordenanza 5643 incorpora cláusulas específicas para evitar retrocesos, fortaleciendo incluso el marco institucional respecto de la normativa anterior. Contexto productivo y emergencia agropecuaria Otro punto relevante del análisis es el contexto en el que debía aplicarse la normativa original. El documento recuerda que el departamento Castellanos fue declarado en emergencia agropecuaria durante los años 2022, 2023 y 2024. Según se argumenta, estas condiciones extraordinarias afectaron tanto la capacidad económica de los productores como el desarrollo de las especies vegetales necesarias para las cortinas forestales. Por ello, se sostiene que mantener plazos rígidos en ese escenario implica “imponer obligaciones de cumplimiento imposible”. Financiamiento y rol del Estado En relación al cuestionamiento sobre el uso de recursos públicos, el proyecto indica que la asistencia estatal ya estaba contemplada en la ordenanza original. En particular, se menciona que el artículo 27 de la norma 5331 obligaba al municipio a colaborar en la provisión de especies, algo que “nunca se cumplió en cuatro años”. Asimismo, se destaca que la inversión en cortinas forestales debe entenderse como una política de salud pública, ya que beneficia al conjunto de la población urbana. En esa línea, se afirma que financiar estas acciones “no es distinto a financiar una obra pública”. También se señala que el presupuesto 2026 ya contempla partidas específicas para este programa, lo que debilita el argumento fiscal del veto. Participación y planificación Otro de los puntos cuestionados por el Ejecutivo es la exigencia de consensos previos para definir la ubicación de las cortinas. Desde el Concejo se responde que este requisito ya estaba presente en la normativa anterior y que fue incumplido por el propio Ejecutivo. En ese sentido, se plantea que la falta de planificación técnica fue la verdadera causa de la paralización de la política ambiental en los últimos años. Por el contrario, la ordenanza 5643 propone una etapa preparatoria con participación y previsibilidad. “No es la participación lo que paraliza la política ambiental: es la ausencia de planificación técnica”, se afirma en el documento. Responsabilidad institucional y decisión política El proyecto también advierte sobre las implicancias institucionales del veto. Sostiene que el mayor riesgo no es la aprobación de la ordenanza, sino la continuidad del incumplimiento frente a un mandato judicial emitido en 2023. Además, se cuestiona la decisión de aplicar un veto total en lugar de observaciones parciales. Se considera que esta medida resulta “jurídicamente desproporcionada”, ya que la norma contiene múltiples avances técnicos y procedimentales. Finalmente, se subraya una “contradicción interna” en el veto: el Ejecutivo invoca principios como el de no regresión y progresividad ambiental, que están expresamente incorporados en la ordenanza vetada. Definición en el Concejo El proyecto concluye proponiendo el rechazo total del veto, en el marco de las atribuciones que otorga la Ley Orgánica de Municipalidades. De prosperar, el Concejo insistiría con la ordenanza 5643, reactivando su vigencia. El debate deja en evidencia tensiones entre el enfoque normativo y la implementación efectiva de las políticas ambientales, en un contexto donde confluyen variables productivas, judiciales y de gestión pública. Y expone las diferencias cada vez más agudas entre el intendente y uno de los referentes de la coalición Unidos. El tema será tratado en el recinto en la sesión del jueves 9 de abril, dado que se le dará entrada formal este jueves y recién tendrá despacho en la semana posterior a los feriados de Semana Santa. Hasta entonces, Mársico queda a la espera de una eventual reglamentación de la ordenanza de 2021, que sería la promesa efectuada por el gobierno local en el momento de aplicar el veto.
Concejo Municipal de Rafaela
