La abogada Mariela Peña - de la Asociación Civil Incluime- alertó que más de 80.000 personas fueron afectadas por la decisión del Gobierno Nacional de suspender pensiones no contributivas por discapacidad laboral. Muchas de ellas, sin previo aviso ni posibilidad de defenderse, se enteraron al intentar cobrar sus haberes este mes. Durante una entrevista con RAFAELA NOTICIAS, Peña explicó que las suspensiones comenzaron a aplicarse a partir de auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que consideró irregulares a beneficiarios que no asistieron a las revisiones o no presentaron la documentación requerida. “El problema —señaló— es que la mayoría de las personas nunca se enteraron que habían sido citadas, porque la notificación no fue eficiente. Solo se dieron cuenta cuando fueron al banco a cobrar y no tenían depósito”. La pensión nacional no contributiva por discapacidad representa el 70% de la jubilación mínima nacional, es decir, aproximadamente $270.000 mensuales sin bonos. La suspensión de ese ingreso dejó sin sustento a miles de familias en todo el país, con un fuerte impacto en la provincia de Santa Fe, una de las primeras auditadas. Rafaela 24 de Abril de 2025 Unos 1500 rafaelinos deben certificar su discapacidad: se está presentando el 70 % de los citados     Peña advirtió que, si bien es necesario controlar y auditar el uso de fondos públicos, “no se trata de una población de personas que accedió de forma fraudulenta al beneficio”. El cambio, explicó, se dio en enero de este año, cuando el Gobierno modificó los criterios de acceso a las pensiones, volviéndolos mucho más restrictivos. “Esto redujo drásticamente el universo de personas que puede ser beneficiaria, excluyendo a muchas que ya estaban incorporadas al sistema con otros requisitos”. La abogada también cuestionó el enfoque del Gobierno sobre el porcentaje de discapacidad. “No corresponde medir por grados. ¿Qué diferencia hay entre alguien con 66% y otro con 64% de invalidez? Ninguno de los dos consigue trabajo en un mercado tan excluyente”, expresó. Y añadió que organismos internacionales como la OMS y Naciones Unidas ya han advertido que esta metodología es inapropiada. Finalmente, Peña confirmó que están trabajando desde organizaciones de la sociedad civil en medidas de acción colectiva para revertir la situación. Además, recomendó a quienes se hayan visto afectados enviar un correo a la Agencia Nacional de Discapacidad para realizar el descargo administrativo correspondiente. “La justicia lleva su tiempo, pero es fundamental que cada persona inicie el reclamo para no quedar fuera del sistema”, concluyó. Mariela Peña
Discapacidad
