Referentes de la Comisión de Industrias del CCIRR analizaron la performance del sector, que viene de transitar un 2023 sumamente complejo, en el cual se fueron acumulando serias distorsiones macroeconómicas que afectaron negativamente la dinámica productiva. En particular, los industriales señalaron que el año pasado se dieron diversos factores que perjudicaron la actividad, entre los cuales destacaron el aumento de la presión tributaria, el encarecimiento de los costos de insumos y materias primas, las restricciones a las importaciones, las falta de crédito competitivo para inversión (fundamentalmente en el segundo semestre), la volatilidad cambiaria y la falta de previsibilidad que hubo en el ámbito político por el contexto electoral. Respecto a la actualidad, los presentes manifestaron que el nuevo proceso político y económico aún no brinda señales de previsibilidad, y que de persistir los mencionados problemas, en el marco de una caída fuerte del consumo, en los próximos meses se percibirá una mayor presión sobre los niveles de actividad, inversión y empleo. En referencia a las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno nacional, los industriales expresaron que la expectativa de mediano plazo es que contribuyan a resolver los problemas macroeconómicos recurrentes (restricción externa, brecha cambiaria, elevada inflación, desequilibrio fiscal e incremento de la presión tributaria al sector formal), los cuales limitan el proceso de desarrollo sostenido y condicionan el desempeño industrial, que debería potenciarse a partir de la puesta en marcha de una política industrial con una mirada integral y de largo plazo, que permita la consolidación de una industria sólida y sustentable, logrando así el crecimiento tan anhelado por todos. Es así que, en términos generales, hubo coincidencia respecto de la importancia de avanzar hacia políticas que promuevan la revalorización del sector privado, la inversión productiva y la generación de empleo privado a partir del entendimiento de las nuevas realidades laborales, de un sistema tributario equitativo, previsible y progresivo, y del diseño de un Estado más eficiente, con procesos menos burocráticos y más transparentes. En el análisis particular de algunas de las medidas, hubo reparos en cuanto a las retenciones de las exportaciones industriales, al aumento del impuesto PAIS a las importaciones (más allá de que no estarán alcanzadas por el tributo ciertas importaciones de insumos destinados a la fabricación de productos exportables), al esquema de pago escalonado de nuevas importaciones y a la eliminación total de las licencias no automáticas (sin que haya un análisis previo de aquellas posiciones arancelarias que requieren algún tipo de revisión particular), ya que la combinación de estos factores impactará en forma negativa sobre la generación de divisas, el desarrollo de las cadenas productivas de valor, el crecimiento de la inversión privada, el empleo y la recaudación fiscal futura. En el mismo eje relacionado al comercio internacional, también se planteó que resulta necesario que se brinde una alternativa para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan hacer frente a la deuda comercial por importaciones, ya que los Bonos Para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) no resultan adecuadas para este tipo de organizaciones. Al respecto, se indicó que, de los 21 mil millones de dólares registrados en el Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior, sólo USD 2.500 millones corresponden a empresas medianas y USD 2.000 millones a micro y pequeñas, por lo que sería viable establecer un mecanismo especial para este segmento. En este marco, se planteó que la inserción inteligente de Argentina en el mundo y la facilitación del comercio internacional deben ser pilares fundamentales para la recuperación económica de nuestro país, lo que requiere establecer reglas de juego claras y permanentes que promuevan las exportaciones con valor agregado y no las penalicen (resulta inviable potenciar las exportaciones si se adoptan medidas que incrementan la presión tributaria sobre el sector formal de la economía). En otro orden, se indicó que es necesario diseñar un esquema de promoción de inversiones más amplio que contemple proyectos de otra envergadura, y en especial a las pymes, que fueron, son y serán un actor ineludible en el diseño de cualquier política pública en nuestro país (en la llamada Ley Ómnibus sólo se impulsa un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, con beneficios fiscales, legales y cambiarios para grandes proyectos). Finalmente, los industriales expresaron que es positivo que se promueva el debate político de una agenda de desarrollo productivo en el seno del Congreso Nacional, ya que el empuje, la capacidad innovadora y el talento de miles y miles de argentinos y argentinas lanzados a emprender actividades productivas debe ser aprovechado en plenitud. El camino más eficaz para generar empleos e ingresos y reducir la pobreza es la movilización plena de las energías del sector privado, es decir, permitir y estimular tanto a individuos como a pequeñas, medianas y grandes empresas a emprender, a desarrollar nuevos proyectos, a invertir, a innovar y a conquistar mercados externos. Del encuentro participaron Mauricio Rizzotto, Guillermo Bernasconi, Fernando Vaquero, Graciela Acastello, Edmundo López, Adolfo Hartmann, Andrés Ferrero, Maximiliano Pignatta, Esteban Pivetta, Leandro Basso, Juan Pablo Frund, Ernesto Frautschi, Cristian Delbino, Iván Acosta, Juan Elz, Germán Bürcher, Mariana Pérez y Mauro Soffietti.
CCIRR
