El próximo 21 de junio entra en vigencia en toda la provincia de Santa Fe el nuevo Código Procesal Penal Juvenil, establecido por la Ley Nº 14.228. En Rafaela, este cambio coincide con la designación de nuevos fiscales, dos de los cuales estarán destinados específicamente a causas que involucren a menores. Para conocer en profundidad cómo impactará esta reforma en el sistema judicial local, Rafaela Noticias dialogó con el abogado penalista Juan Manuel Lovaiza, miembro del directorio del Colegio de Abogados de Rafaela. “Es un cambio profundo, necesario y positivo”     “El nuevo Código Procesal Penal Juvenil significa un cambio profundo, necesario y positivo para toda la sociedad”, afirmó Lovaiza. El abogado destacó que la reforma apunta a una mejor comprensión de las causas que llevan a un menor a cometer un delito y a una intervención judicial más específica. “Los fiscales que intervienen en causas de menores no serán los mismos que en causas de adultos. La idea es que el fiscal especializado pueda entender el contexto de un menor, que muchas veces tiene motivaciones muy distintas a las de un adulto para delinquir. Eso solo ya es un salto de calidad que beneficia a todos los actores del proceso”, sostuvo. Enfoque restaurativo y oralidad Una de las novedades más destacadas del nuevo sistema es la oralidad de los procesos y la posibilidad de realizar audiencias públicas. “Antes, el proceso era mucho más escrito y cerrado. Hoy se promueve la transparencia, la oralidad y la publicidad del proceso, siempre resguardando la identidad del menor”, explicó el abogado. Además, el nuevo Código contempla dos etapas diferenciadas en el juicio: una primera donde se determina la responsabilidad penal juvenil, y una segunda en la que se evalúa si corresponde aplicar una pena o no. “Esto permite valorar con más profundidad la situación concreta del menor, si hay intención de reparación, su entorno, sus antecedentes y el daño causado”, indicó. La edad de imputabilidad no se modifica Lovaiza fue enfático al aclarar que esta reforma no implica un cambio en la edad de imputabilidad. “Sigue siendo de 16 años. Hay otro debate a nivel nacional sobre si bajarla o no, pero no tiene nada que ver con este nuevo Código”, puntualizó. Justicia restaurativa, no solo castigo Otro eje central de la reforma es la justicia restaurativa, que busca reparar el daño y no solo aplicar una pena. “El Código promueve que, si hay posibilidad, la víctima y el menor se reúnan, dialoguen y busquen una salida alternativa, sin necesidad de que el chico termine encerrado, salvo en delitos graves”, comentó. El desafío: adaptar las instituciones Pese a valorar positivamente la nueva normativa, Lovaiza señaló que su implementación requerirá una transformación profunda del sistema institucional. “Hoy ni Rafaela ni la provincia cuentan con estructuras adecuadas para sostener esta reforma. El gran desafío será cómo se adaptan las instituciones que intervienen en la vida de un menor en conflicto con la ley”, advirtió. Para el abogado, es fundamental comprender que muchos adolescentes delinquen por condiciones sociales críticas: “Adicciones no tratadas, abandono, pobreza estructural. La justicia penal no puede ser la única respuesta. Tiene que ser la última, cuando ya fracasaron todas las demás instancias de contención”.
Juan Manuel Lovaiza
