El próximo lunes, el Gobierno Nacional comenzará el proceso de licitación de los corredores viales clave para el comercio del Mercosur, con el objetivo de continuar con la reducción del gasto público y mantener el equilibrio fiscal. La iniciativa apunta principalmente a optimizar la infraestructura vial en distintas provincias, incluida Santa Fe, un nodo estratégico para el transporte en el país. El primer paso de este esquema de licitación incluirá rutas fundamentales para el comercio internacional, como las rutas nacionales 12 y 14, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. En particular, el corredor que atraviesa Santa Fe es crucial para la conectividad con el sur del país y con el Mercosur, ya que estas rutas son fundamentales para el transporte de productos agrícolas y manufacturados. Actualmente, el concesionario de estas rutas es Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuya concesión vence el 9 de abril próximo. Esta compañía ha presentado un reclamo al Estado Nacional por un monto cercano a los 300 millones de dólares, aduciendo incumplimientos contractuales y atrasos en el ajuste de tarifas. Además, ha propuesto una extensión de su contrato a cambio de desistir de su demanda judicial contra el gobierno. El tema del aumento de tarifas también está en discusión, especialmente en lo que respecta al peaje de Zárate, que podría incrementarse en un 140%. Sin embargo, el gobierno ya cuenta con otras propuestas, entre ellas una presentada por un consorcio conformado por tres constructoras, con una inversión proyectada de alrededor de 600 millones de dólares. El proceso de licitación no se limitará a las rutas 12 y 14, sino que también incluirá más de 8.000 kilómetros de caminos en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, como la Ruta Nacional 33, que atraviesa el centro de Santa Fe, y la Ruta Nacional 19, en el territorio cordobés. Las constructoras, que han sufrido el impacto de la paralización de obras públicas, están especialmente interesadas en recuperar proyectos de envergadura y consideran que esta licitación podría ser una gran oportunidad. En cuanto a los requisitos para las empresas oferentes, se les pedirá que se hagan cargo de la reparación de baches, el mejoramiento de banquinas, la señalización horizontal y vertical, e incluso la instalación de iluminación en tramos clave. Solo después de cumplir con estas obras de mejora podrán acceder a la nueva tarifa de peajes. Por otro lado, Corredores Viales, la empresa estatal encargada de la administración de algunas de estas rutas, reportó hasta finales de septiembre una deuda cercana a los 16.000 millones de pesos. Ante esta situación, el Gobierno ha decidido recortar el 95% de las obras en provincias y municipios, delegando en los gobiernos locales la responsabilidad de tareas que son de interés local. Se estima que, con la privatización de estas rutas por un plazo de 20 años, el Estado podría ahorrar más de 5.000 millones de dólares. Aunque el sistema de peajes cubre solo una fracción de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, las constructoras consideran que las rutas de acceso a grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba y la Ruta 3 tienen el potencial de generar ingresos rentables mediante el cobro de peajes. Este proceso de licitación marcará un punto de inflexión en la administración de las rutas nacionales, con un enfoque particular en Santa Fe, que continúa siendo un centro clave para la logística y el desarrollo económico de la región.
