A menos de tres semanas de que venza el plazo otorgado por la Justicia, vecinos del sector donde se encuentra el complejo habitacional de avenida Mitre al 500 volvieron a manifestar su preocupación por una serie de situaciones de conflictividad e inseguridad que —según denuncian— se registran de manera reiterada en el lugar. El inmueble, tal como publicó Rafaela Noticias, cuenta con una orden de desalojo dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Circuito Nº 5 de Rafaela, que otorgó 30 días hábiles para la restitución voluntaria del predio. El plazo vence el 12 de febrero, aunque la sentencia aún no se encuentra firme. En ese contexto, residentes de la zona hicieron llegar a Rafaela Noticias un nuevo reclamo en el que advierten por episodios reiterados de consumo de sustancias, peleas, acumulación de basura y presencia permanente de personas en la vía pública, situaciones que —aseguran— generan temor e incertidumbre, especialmente entre familias con menores y personas que trabajan en horarios nocturnos. También señalaron que los llamados a la Guardia Urbana Rafaelina y a la Policía son frecuentes, pero que las intervenciones no logran sostenerse en el tiempo. La respuesta del Municipio   Consultados por este medio, funcionarios municipales confirmaron que el Estado local se encuentra interviniendo de manera constante a través de equipos de asistentes sociales que concurren periódicamente al lugar. Según indicaron, existe un plan de acción establecido para el momento en que la medida judicial se haga efectiva, con el objetivo de acompañar la situación social de las familias involucradas. Desde el Municipio también explicaron que se ofreció a los ocupantes la posibilidad de retirarse de manera voluntaria, pero que hasta el momento existe una negativa, motivo por el cual el eventual desalojo deberá realizarse por la vía judicial. “El Estado está trabajando y ocupándose del tema”, aseguraron. ¿Qué dice el propietario? En relación a la parte actora, fuentes vinculadas al propietario del inmueble señalaron que aún resta aguardar que los plazos procesales queden firmes, y adelantaron que la semana próxima comenzará una ronda de reuniones con el Municipio para coordinar acciones y evaluar de qué manera colaborar, especialmente en función de la presencia de niñas y niños en el complejo. Cabe recordar que el fallo judicial reconoció la complejidad social del caso y dispuso la intervención de los organismos de niñez y adolescencia, precisamente para articular medidas de acompañamiento durante el plazo excepcional otorgado antes de un eventual lanzamiento con auxilio de la fuerza pública.
Edificio usurpado
