El Juez Nicolás Stegmayer dispuso la prisión preventiva sin plazos para Gonzalo Farías, luego de una audiencia que se extendió por más de dos horas y que Rafaela Noticias cubrió en exclusiva. Farías, de 20 años, está señalado como el responsable de efectuar el disparo que provocó la muerte de Ávila, la noche del pasado 3 de noviembre, en barrio 2 de abril, en medio de un enfrentamiento, al que la víctima era totalmente ajeno. La decisión de Stegmayer fue adoptada por la prolija investigación que llevó a cabo el Fiscal de Homicidios Martín Castellano. En poco más de una semana, logró reunir elementos de prueba suficientemente sólidos para dar por acreditada la autoría del hecho (al menos, como dicen siempre en estas audiencias, “con el grado de probabilidad que esta instancia requiere”). Pero más allá de la extensa prueba material presentada, que incluyó declaraciones de testigos, pericias balísticas, informes de visualización de cámaras y tareas de campo, sobre el final de su argumento, Castellano expuso en palabras lo simbólico del caso y su impacto. Tal como se expuso en la audiencia, la gravedad del suceso, que fue calificado como una muerte “irracional y absolutamente evitable”, no puede ser comprendida únicamente desde la óptica fría del Código Procesal Penal: El disparo que terminó con la vida de Iván ocurrió en el corazón del barrio 2 de abril, un sector cuya “dinámica cotidiana” son los episodios reiterados de violencia armada. Esa bala reinstaló en el barrio un clima de temor que se repite con alarmante frecuencia. La víctima fue alcanzada en la vereda de su propia casa, a su lado estaba su hija que presencio en primera persona cómo le arrebataban la vida a su papá. Pero que pudo haberle tocado a cualquiera: en la cuadra había muchas otras familias afuera a las que les pudo haber tocado la desgracia. El relato de varios de ellos marca un dato que revela esa lúgrube lotería: todos relatan el estampido seco del disparo y el zumbido que pasó cerca de cada uno. La bala pudo ser para cualquiera. El titular de la Sección Homicidios pidió sobre el final, que la respuesta judicial no solo debe atender a la gravedad del suceso (el homicidio en sí) y al nivel de peligrosidad que Farías mostró (la decisión de abrir fuego en plena calle, con vario vecinos ajenos al conflicto como potenciales víctimas), sino también al deber institucional de brindar una protección realmente efectiva a una comunidad que, aun sin participar en las disputas que azotan el barrio, queda atrapada en el fuego cruzado de quienes toman la calle como su propio campo de batalla, sin importar cuantos “Ivanes” se crucen en el camino.
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