El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, abrió este lunes las jornadas sobre “La fiscalía en el sistema adversarial: modelos de gestión y organización interna”, de las que participaron más de treinta fiscales federales de los distritos de Rosario, Mendoza y Salta, en los que ya rige en forma plena el Código Procesal Penal Federal, y de General Roca y Comodoro Rivadavia, donde continuará próximamente la implementación progresiva. En la ocasión, estuvo acompañado por el secretario de Coordinación Institucional y cotitular de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) de la Procuración General, Juan Manuel Olima Espel. La actividad fue organizada en forma conjunta por el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio de Justicia de la Nación y se desarrolló durante dos jornadas, que culminaron ayer, en el salón auditorio de la Procuración General. En el panel de apertura intervino también el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, acompañado por el Subsecretario de Política Criminal de la Nación, Alberto Nanzer. “Este nuevo modelo no significa solamente un cambio de paradigma en cuanto a la normativa procesal, sino que a partir del rol preeminente que el sistema le asigna al MPF exige una verdadera transformación estructural y organizacional que permita un mejor desempeño de nuestra institución, en pos de lograr una mejor administración de justicia”, enfatizó Casal. En ese sentido, recalcó el compromiso de las y los integrantes del MPF, y su colaboración en tareas que van más allá de su función para llevar a cabo este nuevo modelo. “Sabemos que no están todos los medios y las herramientas necesarias y que esto demanda un gran esfuerzo de las fiscalías y sus equipos”, indicó. Previamente, Casal repasó que las jornadas se inscriben dentro del conjunto de acciones interinstitucionales orientadas a la implementación del nuevo modelo procesal acusatorio, entre las que se destacan la capacitación, la búsqueda de mejores condiciones de infraestructura edilicia y la incorporación de recursos humanos y tecnológicos. El procurador destacó la actividad de la UNISA. Explicó que esa unidad está desarrollando una “labor incansable”, tanto en la preparación de los diagnósticos, en el relevamiento de datos y de necesidades, como en la capacitación. Precisó que esta última está focalizada puntualmente en las distintas jurisdicciones donde se va a implementar el sistema acusatorio, y que ha alcanzado a integrantes de fuerzas de seguridad, como ocurrió en la actividad que -recordó- se llevó a cabo el 1º de mayo pasado en Rosario. A continuación, el ministro Cúneo Libarona expresó que la implementación del CPPF es una prioridad del gobierno nacional y resaltó el “enorme esfuerzo” que están realizando en forma conjunta el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación y el Ministerio de Justicia. En esa línea, celebró que el sistema acusatorio haya avanzado en distritos “de alta criminalidad y conflictivos”, como Rosario y Mendoza y dijo que confía “tener cubierto medio país a fin de año”. El ministro evaluó que el éxito de la implementación del sistema se basa en el diseño de programas de capacitación para los distintos operadores, y destacó la predisposición de las y los fiscales federales para que este sistema funcione, pues -dijo- el MPF “es una pieza principal”. A su turno, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Alberto Nanzer, reiteró que la implementación del sistema acusatorio es una política de Estado y anunció una fase de consolidación que incluirá herramientas presupuestarias, edilicias y de capacitación para el MPF. La jornada continuó con el panel a cargo del exdirector de la División de Persecución de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y actual director de la Oficina de Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO por sus siglas en inglés) en La Haya, Fabricio Guariglia, quien junto al coordinador de investigaciones en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Xabier Agirre Aranburu, diseñaron esta capacitación sobre el sistema adversarial para poder transmitir su experiencia a los fiscales federales presentes en el encuentro. En ese marco, abordaron las implicancias del modelo adversarial, así como modelos de juicio y de investigación penal preparatoria, y la gestión de información y de los sistemas de presentación, admisión y evaluación de prueba. Más tarde, el fiscal general a cargo de la Fiscalía General Nº1 ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba, Maximiliano Hairabedián, expuso sobre el nuevo modelo del CPPF, sus principios fundamentales, elementos centrales y particularidades. A su turno, el secretario letrado de la Procuración General de la Nación, Ignacio Boeri, destacó la presencia en las jornadas de representantes de las once provincias que para fin de año van a tener implementado el sistema acusatorio y explicó las etapas para la implementación del acusatorio en una jurisdicción: El diagnóstico de parte de la UNISA;El proceso de fortalecimiento institucional en la jurisdicción;La reorganización de las estructuras, ejecución y seguimiento de la puesta en marcha del nuevo régimen procesal; yEl monitoreo para afianzar los avances en el circuito de trabajo y detectar errores. Modelo adversarial: el aporte de los expertos     La capacitación siguió con un panel del que participaron Guariglia y Agirre Aranburu, quienes abordaron la organización de una fiscalía en un modelo adversarial. Se refirieron a la organización interna y a la articulación con cuerpos de investigación, así como al registro, el análisis y la gestión de información, y a la utilización de herramientas tecnológicas. Los expertos también abordaron la preparación de un caso penal. Al respecto, trabajaron sobre el modelo de investigación “target-based” (centrado en objetivos específicos) frente a la investigación abierta y objetiva, las hipótesis iniciales y el desarrollo del plan de investigación, así como las técnicas de investigación y las mejores prácticas. En este contexto, enfatizaron sobre la necesidad de priorizar y seleccionarlos casos, como de efectuar una evaluación periódica, con control de calidad y formas de evitar sesgo de confirmación. Explicaron la importancia del análisis criminal, del interrogatorio de testigos y del uso de la figura de “arrepentidos”, así como de las estrategias de protección de víctimas y testigos. En tanto, la actividad retomó ayer con un espacio de debate entre las y los fiscales federales a partir de las dudas o consultas que surgieron de la jornada anterior, en la que Guariglia y Agirre Aranburu retomaron conceptos. A continuación, el fiscal general con funciones de coordinador del Distrito Salta, Eduardo José Villalba, y el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Jujuy, Federico Aníbal Zurueta, expusieron sobre los aprendizajes que dejó, a cinco años de su implementación en esa jurisdicción, la puesta en práctica del Código Procesal Penal Federal. Villalba y Zurueta destacaron la importancia del trabajo conjunto de los fiscales de las diferentes áreas y jurisdicciones y también fomentaron la apertura al diálogo con la defensa, con las fuerzas de seguridad y con los organismos que colaboran en diferentes casos, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Participantes En las jornadas participaron fiscales de once provincias (Salta, Jujuy, San Juan, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) e integrantes de oficinas especializadas de la Procuración General. Distrito Rosario: participaron de forma presencial las y los fiscales federales Adriana Saccone, Javier Arzubi Calvo, Gustavo Onel, Matías Scilabra, Fernando Arrigo y Walter Rodriguez. Por medios remotos lo hicieron María Virginia Sosa, Andrés Montefeltro, Daniela Ghiorzi, Roberto Salum, Milagros Traverso, Martín Uriona, Martín Gambacorta, Julieta Militello, Diego Orzuza Kock, Federica Tiscornia y Federico Grimm. Distrito General Roca: estuvieron presentes Juan Carlos Cendagorta, Juan Manuel García Barrese, Marcos Escandell, María Claudia Frezzini, Matías Zanona y Rafael Vehils Ruiz, mientras que Mariana Querejeta participó por medios remotos. Distrito Comodoro Rivadavia: Julio Cesar Zárate, Lucas Colla, María Lía Hermida, Pablo Mansilla y Verónica Escribano participaron de forma presencial, mientras que Santiago Roldán y Patricia Kloster intervinieron por videoconferencia. Distrito Salta: Carlos Amad, Paula Gallo, Marcos Romero y Mariana Andrea Gamba Cremaschi, además de Villalba y Zurueta, estuvieron en el auditorio, mientras que por vía remota lo hizo Lucía Orsetti. Distrito Mendoza: Cristian Rachid, María Eugenia Abihaggle, Federico Baquioni Zingaretti, Francisco Maldonado, María Alejandra Obregón y María Gloria Idara André participaron de forma presencial, mientras que por vía remota intervinieron Gabriela Ventimiglia Belbruno y Mónica Spagnuolo. También participaron la fiscal Susana Pernas como representante de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN); el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias; el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, y el coordinador de la dirección de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de ese dependencia, Alberto Barbuto; el cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo; y el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá.
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