Tras la audiencia realizada en el marco del grave hecho ocurrido en San Cristóbal, la Justicia resolvió que todo lo tratado —incluidas las medidas adoptadas— quede bajo un “principio absoluto de reserva”, por lo que no se podrán difundir detalles del contenido. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que la audiencia se desarrolló con normalidad, aunque remarcaron la gravedad del caso y el impacto que generó en la comunidad. En ese contexto, destacaron a las familias de las víctimas: el caso involucra a un adolescente fallecido, identificado como Ian, y a otros dos menores de 13 y 15 años que también resultaron afectados por el hecho con arma de fuego. Los padres del joven fallecido no participaron de la audiencia, mientras que familiares de los otros menores sí estuvieron presentes. Uno de los puntos señalados por la Fiscalía fue la ausencia del presunto autor, un menor de 15 años no punible, quien participó de manera remota y no presencial. Desde el MPA habían solicitado su presencia en sala para favorecer instancias de concientización y responsabilización, pero el pedido fue rechazado por el juez. “Entendemos que no es lo mismo estar presente que participar a distancia, sobre todo en un hecho de esta gravedad”, indicaron. En cuanto a la resolución judicial, los fiscales manifestaron su conformidad y explicaron que se adoptaron medidas de protección, construidas en conjunto con organismos del Estado y áreas del Poder Ejecutivo. Sin embargo, evitaron dar precisiones debido a la reserva dispuesta. Respecto al encuadre legal, recordaron que el menor involucrado no puede ser imputado penalmente por su edad, ya que la legislación vigente —Ley 22.278— lo considera no punible. Por lo tanto, el proceso apunta a la aplicación de medidas de protección y abordaje integral, más que a una sanción penal. La investigación, señalaron, es compleja y tiene múltiples líneas abiertas. Entre ellas, se analiza una posible planificación del hecho y vínculos a través de redes sociales, donde ya se detectaron comunicaciones en entornos cerrados y con mecanismos de ocultamiento de identidad. “Hay información relevante, pero aún no podemos determinar todas las responsabilidades ni si hubo participación de terceros”, indicaron. En paralelo, la escuela donde ocurrió el hecho continuará resguardada como escena del crimen, por lo que permanecerá cerrada hasta que finalicen las tareas investigativas. Las autoridades judiciales mantienen contacto con el Ministerio de Educación para definir cómo se garantizará la continuidad pedagógica. Finalmente, desde el MPA pidieron prudencia y tiempo para avanzar con la investigación. “Pasaron pocos días desde el hecho y aún queda mucho por analizar. Vamos a comunicar cuando haya avances firmes”, concluyeron.
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