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El titular de la Unidad Fiscal Santa Fe, el fiscal federal Jorge Gustavo Onel, dio por cerrada la investigación y solicit&oacute; elevar a juicio oral y público un caso de criminalidad econ&oacute;mica en la ciudad de Santa Fe, que tiene como acusados de administraci&oacute;n fraudulenta a un exdirector del Organismo Nacional de Administraci&oacute;n de Bienes (ONABE) -hoy Agencia de Administraci&oacute;n de Bienes del Estado (AABE)-, y como partícipes a dos empresarios locales vinculadas al rubro de venta y servicios de post venta de autom&oacute;viles quienes, seg&uacute;n la investigaci&oacute;n, se beneficiaron al celebrar contratos de locaci&oacute;n de dos lotes que usufrutuaron al pagar un canon irrisorio que no fue actualizado durante al menos seis años. Seg&uacute;n la valoraci&oacute;n de la prueba, la investigaci&oacute;n dio por acreditado en esta instancia del proceso la concreci&oacute;n de conductas delictivas. A uno de los acusados se le imputa defraudar a la administraci&oacute;n publica nacional por la omisi&oacute;n dolosa de control de contratos de dos inmuebles que pertenec&iacute;an a los Ferrocarriles Argentinos, delimitados por avenida Leandro N. Alem y las calles Eva Per&oacute;n y Belgrano, en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe. Otro de los acusados es el presidente de una red de concesionarias multimarca de venta de autom&oacute;viles-, y el restante es el apoderado de una empresa del mismo rubro habilitada para comerciar veh&iacute;culos, venta de repuestos, mecánica ligera y representaci&oacute;n oficial de distintas marcas. Irrisorio y desactualizado La causa comenz&oacute; en 2018 con una investigaci&oacute;n preliminar llevada adelante por el Ministerio P&uacute;blico Fiscal tras haber tomado intervenci&oacute;n en la demanda de desalojo que inici&oacute; la AABE respecto de una de las concesionarias de autos que ocupaba el predio. La intervenci&oacute;n judicial determin&oacute; que el predio era ocupado y usufructuado de manera ileg&iacute;tima desde 2001. De acuerdo a la reconstrucci&oacute;n de los hechos, el 10 de septiembre de 1999 se celebr&oacute; respecto de uno de los inmuebles -un terreno de 2.272 metros cuadrados-, un contrato de concesi&oacute;n de uso por dos años entre el entonces ENABIEF (Ente Nacional de Administraci&oacute;n de Bienes Ferroviarios), y el imputado M. El acuerdo finalizaba el 30 de septiembre de 2001, y el canon era de 450 pesos mensuales. En octubre del 1999, se celebr&oacute; idéntico contrato de concesi&oacute;n de uso por un terreno lindero al anterior, de 1.620 metros cuadrados. El ENABIEF firm&oacute; el acuerdo con un exdirector de la firma, tambi&eacute;n por un plazo de dos años a partir del 1&deg; de noviembre, y hasta el 31 de octubre de 2001. En este caso, se acord&oacute; un canon mensual de 500 pesos. Completada la investigaci&oacute;n y colectada la prueba, en el requerimiento de elevaci&oacute;n a juicio, el fiscal Onel, junto a los fiscales coadyuvantes Eduardo Costa Calvo y Gast&oacute;n Theler, sostuvo que &ldquo;se encuentra acreditado que S, en violaci&oacute;n a las obligaciones a su cargo y en incumplimiento de los deberes de funcionario p&uacute;blico, permiti&oacute; que V, a trav&eacute;s de la firma de la concesionaria, y M continuaran ocupando los inmuebles a partir del a&ntilde;o 2003. Omisi&oacute;n dolosa Es que, una vez vencidos los contratos en 2001, &ldquo;nunca se actualizaron las sumas de 450 y 500 pesos del canon, los cuales resultan palmariamente irrisorios, con el consiguiente perjuicio al Estado Federal. Nunca se celebraron nuevos contratos o pr&oacute;rrogas, que contuvieran nuevos c&aacute;nones actualizados&rdquo;, remarc&oacute; el titular de la acusaci&oacute;n. En ese sentido, puntualiz&oacute; que S &ldquo;omiti&oacute; controlar el estado de ocupaci&oacute;n de los terrenos, incumpliendo su deber de administraci&oacute;n, lo cual permiti&oacute; que V y M siguieran ocup&aacute;ndolos una vez vencidos los contratos de concesi&oacute;n, abonando los mismos c&aacute;nones durante todo el lapso de ocupaci&oacute;n ilegal&rdquo;. Sobre el rol del funcionario, Onel record&oacute; que, al asumir en su cargo en 2003, &ldquo;nunca durante esos seis a&ntilde;os efectu&oacute; tareas de constataci&oacute;n para verificar el cumplimiento de los contratos ni orden&oacute; hacerlo. &ldquo;La m&aacute;s elemental actuaci&oacute;n de control le hubiera obligado a regularizar situaciones que, lejos de resultar meras desprolijidades o fallas de control, se erigieron en la comisi&oacute;n de los delitos imputados&rdquo;, agreg&oacute;. Para el fiscal federal, esa omisi&oacute;n &ldquo;no puede sino entenderse dolosamente dirigida a beneficiar econ&oacute;micamente a terceros, en desmedro de los intereses por los que deb&iacute;a velar, ya que, en esta clase de delitos, es el quebrantamiento del deber en base a la competencia funcional asignada al agente la que define el modo de intervenci&oacute;n&rdquo;. Privilegios En relaci&oacute;n a V, para el representante del MPF se encuentra probado que desde 2003 hasta diciembre de 2015 (fecha en que se celebr&oacute; un convenio de desocupaci&oacute;n del lote) ocup&oacute; el predio donde construy&oacute; un emprendimiento privado -una concesionaria de autos-. V fue presidente de concesionaria ininterrumpidamente desde diciembre de 2007 hasta al menos el 11 de noviembre de 2019. En el caso de M, la fiscal&iacute;a acredit&oacute; que desde 2003 hasta la desocupaci&oacute;n del bien con motivo de ser subastado en 2018, hizo posesi&oacute;n del terreno, pero con una particularidad: en violaci&oacute;n a las cl&aacute;usulas del contrato, cedi&oacute; el bien a la firma Cavi SRL, de la cual era apoderado, a trav&eacute;s de un comodato fechado en octubre de 2011. A su vez, los lotes restantes los cedi&oacute;, por medio de tres contratos de comodato a tres personas que instalaron talleres de chequeo mec&aacute;nica ligera y lubricaci&oacute;n de automotores, y refirieron trabajar en relaci&oacute;n de dependencia con M. En la investigaci&oacute;n se determin&oacute; que los comodatos nominados formalmente como gratuitos, habr&iacute;an implicado transferencias de dinero a M por parte de los comodatarios. Fraudulento De acuerdo a la acusaci&oacute;n, el rol de los empresarios fue clave para perpetrar los delitos. &ldquo;V y M tuvieron una participaci&oacute;n necesaria en la comisi&oacute;n de los hechos, ya que, sin el aporte de ambos, no se podr&iacute;an haber cometido. Son los principales beneficiarios de la maniobra, al llevar adelante en los inmuebles actividades empresariales lucrativas de gran envergadura&rdquo;, argumenta la acusaci&oacute;n. Tras delimitar los hechos, fiscal&iacute;a atribuy&oacute; a S la autor&iacute;a del delito de defraudaci&oacute;n contra la administraci&oacute;n p&uacute;blica bajo la modalidad de defraudaci&oacute;n por administraci&oacute;n fraudulenta, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario p&uacute;blico, mientras era director del ONABE. A V y a M se los acus&oacute; tambi&eacute;n por el mismo delito de administraci&oacute;n fraudulenta en perjuicio de la administraci&oacute;n p&uacute;blica, pero como part&iacute;cipes necesarios, y por conductas cometidas entre el 4 de junio de 2003 y el 18 de febrero de 2009. Instancias En el primer tramo del requerimiento, el fiscal Onel argument&oacute; sobre la necesidad de avanzar hacia el juicio oral y p&uacute;blico, a pesar de que los procesamientos no est&aacute;n firmes debido a planteos de la defensa en distintas instancias. Cabe recordar que en diciembre de 2020 los tres acusados fueron procesados por los mencionados delitos. Ese procesamiento fue apelado por las defensas, recurso resuelto por la Sala &ldquo;A&rdquo; de la C&aacute;mara Federal de Rosario que, en diciembre de 2021, dict&oacute; la falta de m&eacute;rito de V y M. Respecto a V, la fiscal&iacute;a solicit&oacute; un nuevo procesamiento, pero el Juzgado Federal N&deg;1 de Rosario rechaz&oacute; el pedido y lo sobresey&oacute;. La resoluci&oacute;n fue apelada por fiscal&iacute;a y la C&aacute;mara Federal de Rosario resolvi&oacute; revocar el sobreseimiento en mayo de 2023. Esa decisi&oacute;n fue recurrida por la defensa de V ante el Tribunal de Casaci&oacute;n, que le deneg&oacute; el planteo en junio de 2023. Ante ello, se interpuso la queja, tambi&eacute;n rechazada, al igual que el recurso extraordinario federal, desestimado en mayo de 2024. Luego de que se revocara el sobreseimiento de V, la fiscal&iacute;a impuls&oacute; un nuevo procesamiento en mayo 2023, pero la defensa solicit&oacute; una conciliaci&oacute;n. Y si bien el MPF se opuso, el pedido se trat&oacute; en audiencia oral y luego se firm&oacute; un acuerdo, homologado en octubre de 2023. El fiscal apel&oacute; y el 19 de abril de 2024, la C&aacute;mara Federal rosarina revoc&oacute; el acuerdo de conciliaci&oacute;n, y la defensa de V recurri&oacute; nuevamente en Casaci&oacute;n. En relaci&oacute;n a M, la fiscal&iacute;a solicit&oacute; nuevamente su procesamiento en noviembre de 2023, lo cual resolvi&oacute; a favor en los mismos t&eacute;rminos que lo hab&iacute;a hecho en diciembre de 2020. Ese &uacute;ltimo procesamiento fue apelado por la defensa, planteo que a&uacute;n no fue resuelto. Impulso al debate oral El fiscal consider&oacute; que &ldquo;la vasta actividad recursiva materializada por las defensas, adem&aacute;s de satisfacer ampliamente el derecho de defensa, garantiza el doble conforme exigido por el plenario, por lo cual considero que se impone la necesidad de impulsar este proceso hacia la etapa de juicio, a los fines de resguardar la garant&iacute;a de todo imputado de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable&rdquo;, remarc&oacute; fiscal en la pieza acusatoria. Record&oacute; que &ldquo;V y M no se encuentran privados de su libertad, circunstancia fundamental que se tiene en cuenta en el fallo plenario para merituar la necesidad de la existencia de un procesamiento, al ser la oportunidad procesal en la cual se discute el modo de sujeci&oacute;n del imputado al proceso y lo que ello implicar&iacute;a en t&eacute;rminos de restricci&oacute;n de derechos&rdquo;. Por &uacute;ltimo, desde el punto de vista procesal, el requerimiento de la fiscal&iacute;a detalla que &ldquo;las diferentes resoluciones judiciales dictadas en la causa dan por satisfecha la finalidad del procesamiento&rdquo;. &ldquo;Sostener que en estas condiciones no es posible remitir el caso a juicio, implicar&iacute;a otorgar al contenido del fallo plenario un rigorismo formal incompatible con un servicio de justicia eficiente, porque significar&iacute;a que en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia, aun cuando se garantice el doble conforme y el derecho de defensa, se necesita auto de procesamiento firme para remitir el caso a juicio&rdquo;, agrega.

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