El abogado constitucionalista Manuel García Mansilla presentó este lunes su renuncia indeclinable como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a solo 40 días de haber asumido el cargo. Lo hizo a través de un escrito dirigido al presidente Javier Milei, en el que explicó los motivos de su salida en medio de una fuerte controversia política y jurídica. La decisión llega apenas días después de que el Senado rechazara por amplia mayoría su pliego, en paralelo a una medida cautelar dictada por el juez Alejo Ramos Padilla que le impedía firmar resoluciones o actos administrativos. El escenario se tornó insostenible y, finalmente, García Mansilla dio un paso al costado. En la carta presentada al Ejecutivo, el magistrado sostuvo que había aceptado la designación en comisión "ante la gravedad institucional que implicaba una Corte con solo tres miembros". Pero remarcó que, frente al rechazo del Senado, su renuncia busca “facilitar el proceso” para completar las vacantes del máximo tribunal. El nombramiento de García Mansilla había sido oficializado por decreto presidencial el 25 de febrero, junto al del juez federal Ariel Lijo, quien no llegó a asumir. Su juramento tuvo lugar el 27 de marzo, pero desde un comienzo fue cuestionado por sectores políticos y jurídicos que consideraban inconstitucional la asunción sin el acuerdo previo del Senado. La medida cautelar impulsada por los abogados Jorge Rizzo y Andrés Gil Domínguez, y avalada por Ramos Padilla, apuntaba precisamente a ese punto: el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional prohíbe que un juez en comisión ejerza funciones sin la aprobación de la Cámara Alta. Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete Guillermo Francos defendió el decreto presidencial como una atribución legítima del Ejecutivo, y había adelantado que no existía obligación legal para forzar la renuncia del juez. Incluso se presentó un recurso de "per saltum" ante la Corte para anular la cautelar, pero no prosperó. Con la salida de García Mansilla, la Corte Suprema vuelve a quedar con tres integrantes: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. En declaraciones radiales, Lorenzetti sostuvo que la institución "funciona con normalidad", aunque reiteró su postura contraria a las designaciones por decreto: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, lanzó.
