Con el envión que produjo en la sanción y reglamentación en 2022 de la Ley Nacional de Respuesta Integral para las personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual, legisladores santafesinos buscan ahora aggiornar la legislación local a esa normativa con perspectiva en derechos humanos. La propuesta concreta es la de crear en el ámbito del Ministerio de Salud de Santa Fe una Agencia Provincial de Gestión Integral de estas infecciones que coordine estrategias de abordaje, así como garantice la distribución de medicamentos y programas de detección, la investigación y diagnóstico, entre otros puntos. Una mirada que se propone ir mucho más allá de la perspectiva médica y que apunta también a garantizar jubilaciones anticipadas y pensiones para chicos y chicas de hasta 25 años que padezcan estas enfermedades.   El proyecto de la diputada socialista Lionela Cattalini fue presentado este martes y fue el resultado del trabajo conjunto que legisladores provinciales llevaron adelante junto a organizaciones de la sociedad civil que llevan décadas trabajando en el abordaje y tratamiento de estas enfermedades. Un dato nada menor teniendo en cuenta que la diputada señala que "las organizaciones vienen planteando desde hace tiempo un fuerte retroceso del Estado en esta materia". “La nueva ley nacional de VIH, aprobada el año pasado, es un cambio paradigmático en el tratamiento de estas infecciones de transmisión sexual, que fue muy celebrada porque contempla una mirada integral sobre la salud e incorpora nuevas disposiciones para el bienestar de las personas”, señaló la legisladora, que encabezó la presentación en la sede de la Usina Social (Jujuy 2844). “El tiempo de las mariposas”, “Rap +30”, “Vox”, “Enredando Salud”, “Prevenir es Cuidar” y referentes del Programa Municipal de Sida (Promusida), entre otras entidades, fueron parte del trabajo previo a la labor específica de redacción del proyecto de ley. Un texto donde también sumaron su mirada respecto de la falta de campañas masivas de difusión -que sí se solían ver años atrás, acotan-, así como también en la información precisa sobre los métodos de prevención de este tipo de infecciones. La diputada recalcó que la propuesta "contiene cuestiones provinciales que había que adecuar no sólo para las personas con VIH, sino que contemplara otras infecciones virales o de transmisión sexual, con políticas públicas actualizadas y con un enfoque social y de derechos humanos” y señala que "es más que una simple adhesión a la ley nacional, que es lo que se esperaba". Una Agencia y los ejes de trabajo Lo primero que propone el proyecto es la creación de una Agencia Provincial de Gestión Integral del VIH/SIDA, Hepatitis Virales, Tuberculosis y otras Infecciones de Transmisión Sexual que será la responsable de la elaboración y coordinación de "estrategias de abordaje integral de las problemáticas", así como también autoridad de aplicación y control de la normativa. Un trabajo que llevará adelante a través de una mesa consultiva provincial.   Además de la creación de la agencia en sí, entre los tres ejes centrales de trabajo se contarán la distribución de medicamentos y su llegada a todos los efectores de la provincia, la elaboración de programas de detección, investigación y diagnóstico, así como también garantizar la accesibilidad a los tratamientos y la distribución de los medios de prevención a través de los efectores públicos de atención primaria, hospitales públicos y privados, consejerías y organizaciones no gubernamentales.   Otro eje establece la creación de una pensión especial para las personas menores de edad afectadas por el VIH/SIDA. Un beneficio que percibirán desde su nacimiento, o desde el momento del diagnóstico, y hasta los 25 años de edad; y que también alcanza a los menores de 25 años cuyos progenitores hayan fallecido por esta infección.   Entre otros puntos, promueve la creación de un régimen de jubilación especial para personas que convivan con estas enfermedades y que sean personal del Estado provincial, adecuando la normativa a la ley nacional vigente. Este grupo podrá acceder a una jubilación especial de carácter excepcional, en caso de cumplimentar una serie de requisitos, que van desde tener una edad mínima de 50 años, tener 20 años de aportes y acreditar diez años de transcurrido el diagnóstico al momento de solicitar el beneficio.   Además, como parte de las estrategias de prevención y con el fin de alcanzar pisos mínimos de divulgación, establece que se destinará al menos el 5% de los gastos de publicidad de la Dirección General Publicitaria y Administrativa de la Subsecretaría de Información Pública para campañas publicitarias masivas que se llevarán adelante a través de concursos previos, donde se enfatizará el respeto a la intimidad y privacidad de las personas.
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